El peligro de no limpiar los torrentes ni vigilar su uso

Las imágenes que publicada mallorcadiario.com este martes sobre el estado del torrente de Sa Riera a su entrada en Palma revelan una situación de abandono que preocupa principalmente a los vecinos de Establiments, aunque bien refleja una realidad que se puede extrapolar a otros puntos de Mallorca. En este punto, el torrente no se ha limpiado en años y ha quedado invadido por la maleza, provocando un muro natural que, ante una eventual riada provocada por las lluvias, significaría un desbordamiento inevitable.

La reciente catástrofe de Sant Llorenç, que se cobró la vida de 13 personas a principios de mes, ha despertado todas las sensibilidades ante el riesgo de que puedan repetirse episodios de esta gravedad. Las fechas, además, son propicias, pues son habituales las lluvias torrenciales tras un verano caluroso y el Plan Inunbal, para prevenir inundaciones, se encuentra en sus semanas de máxima alerta. Por ello, sorprende el escaso interés que parece despertar en las administraciones el estado de buena parte de los torrentes de las islas, principalmente, en Mallorca.

En Baleares existen 43 áreas de riesgo potencial de inundación, que suponen muchos kilómetros cuadrados de territorio, bastante de ellos habitados. En Mallorca, Na Bàrbara, Peguera, Santa Ponça, Sóller, Campos, el Torrent Gros, Coa Negra, Es Riuet o Ses Planes son torrentes de alto riesgo, como desgraciadamente lo han demostrado estos dos últimos en el Llevant mallorquín hace una semanas.

La propia presidenta balear, Francina Armengol, reconocía que el riesgo existe y que, por ello, se han "saneado" en lo que va de legislatura un total de 210 kilómetros de torrentes. El problema es que todo parece poco cuando ocurren tragedias como la de Sant Llorenç y cuando días después se siguen viendo cauces de torrentes peligrosos ocupados por vegetación, basuras, enseres abandonados, escombros o coches aparcados sin que se disparen todas las alarmas.

La prevención debe extenderse a todos los aspectos imaginables; desde el urbanístico, que racionalice las construcciones en áreas de riesgo, hasta el sentido cívico que promueva un uso y un cuidado de las zonas peligrosas, pasando, lógicamente, por la limpeza exhaustiva y el mantenimiento de todos los cauces. Y en ello deberían implicarse todas las administraciones, desde el Govern hasta los ayuntamientos. No hacerlo, siendo conscientes además de que se trata de episodios que se producen de forma periódica, es una irresponsabilidad que desacredita cualquier valoración posterior. Pero, sobre todo, que pone en peligro la vida de muchos ciudadanos de una forma gratuita.