El Parlament pedirá el martes al PP que devuelva dinero de la campaña de 2007

Areal, cuñado del expresidente autonómico y antiguo líder regional del PP Jaume Matas, está condenado en firme por abonar casi 72.000 euros en negro a la empresa de comunicación Nimbus para evitar superar el límite máximo de gasto electoral.

La proposición no de ley, presentada por Més, recuerda que como en aquellos comicios el PP quedó a casi 9.400 euros de alcanzar el límite de inversión en la campaña y los 72.000 euros no fueron contabilizados, realmente el partido habría vulnerado la normativa y sería responsable del delito electoral admitido por su exgerente.

También hace referencia a la sentencia del caso Scala, que probó el uso de 10.500 euros públicos para el transporte de Mallorca a Ibiza de propaganda del PP en el mismo proceso electoral.

"Tanto se ha prescrito como si no, si es cierto que se ha incumplido la Ley Electoral, el PP debe retornar la subvención pública por valor de 1.107.256,63 euros", recoge en su exposición de motivos la iniciativa parlamentaria, que será el penúltimo punto de debate en el pleno del martes.

En las propuestas de resolución de la iniciativa, que contará con el respaldo de los grupos de izquierda mayoritarios en la cámara, se insta a la Sindicatura de Cuentas a revisar su informe sobre la contabilidad electoral del PP en 2007 a la luz de las resoluciones judiciales.

Si la Sindicatura confirma en un informe contable lo que se ha probado en los tribunales, el Govern debe pedir un informe el Consell Consultiu sobre la nulidad de las subvenciones que recibió el PP y ese partido tendría que devolverlas, defienden los autores de la proposición.

Por otro lado, en el turno de preguntas de control al Govern del pleno del martes, la portavoz del PP, Marga Prohens, preguntará a la presidenta del Govern, Francina Armengol, por su política de pago a proveedores.

El líder de El Pi, Jaume Font, se interesará por el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico que podría perderse si el Govern incumple las condiciones financieras exigidas por el Gobierno central.