El Parlament firma la sentencia de muerte de la Oficina Anticorrupción

El Pleno del Parlament dio este martes su visto bueno a la desaparición de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares (OAIB), a la que tanto el PP gobernante como su socio de investidura Vox han acusado en numerosas ocasiones de ser una herramienta del Pacte para acosarles y cuya presencia en los primeros Presupuestos de Prohens era ya puramente testimonial. Desde el PSOE se acusa a los 'populares' de crear con esta norma condiciones favorables para volver a la "impunidad de los peores años de la corrupción". La nueva norma recibió 33 votos a favor, 25 en contra y una única abstención, la del diputado de Sa Unió y presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba.

En su defensa del proyecto de ley que acabará con la Oficina Anticorrupción, el 'popular' Mauricio Rovira subrayó que el objetivo del PP con la nueva norma es "recuperar y mejorar el sistema anterior a esa oficina". Por ello, se pondrá de nuevo en marcha el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de los cargos públicos de Baleares como órgano dependiente del Parlament, con el que "buscamos una administración más eficiente y sostenible, que pueda garantizar la transparencia y control de los cargos públicos, evitando el gasto actual de la Oficina, su innecesaria duplicidad y que no plantee dudas sobre su funcionamiento e independencia", indicó.

A modo de ejemplo, Rovira explicó la memoria del ente de 2022 señala que "de los 104 expedientes tramitados, solo en 8 la oficina llegó a emitir recomendaciones y 3 de ellas fueron desoídas". "La mayoría de las denuncias han sido archivadas o reenviadas a otras administraciones que sí son competentes para indagar sobre esos casos, lo que ha hecho de ella en el mejor de los casos una mera gestoría de los casos que investiga", apuntó.

Por el contrario, el diputado socialista Marc Pons acusó al PP de generar "una involución de los derechos de la ciudadanía como no habíamos vivido nunca". "El Gobierno de Prohens nos trae una ley con 10 artículos que reducirá al mínimo las obligaciones de transparencia y retrocederá 15 años de una tacada para volver a tiempos oscuros cargados de corrupción". Así, Pons apuntó que la norma aprobada "elimina el anonimato de las denuncias" y "hace desaparecer las funciones de prevención, investigación e inspección en materia de corrupción".

"A partir de ahora será el Consell de Govern el que vele por que sus cargos cumplan con el régimen de incompatibilidades o de conflicto de intereses, es decir, que será el Govern el que se controle a sí mismo", señaló el diputado socialista, quien calificó a Vox de "compañero de viaje imprescindible en este retroceso del estado de derecho" y advirtió que la norma es contraria a la normativa europea y estatal sobre esta cuestión.

CRÍTICAS DESDE SU NACIMIENTO

Desde su nacimiento en 2016 a iniciativa del Pacte, concretamente como exigencia de Podem para firmar el acuerdo entre los tres partidos gobernantes, la oficina anticorrupción se había granjeado numerosas críticas. Los ‘populares’ consideraban que era un ente creado para atacarles, mientras pasaba de puntillas por cuestiones como, por ejemplo, la vacunación de altos cargos del PSIB durante la pandemia, postura plenamente compartida por su socio de investidura Vox.

Una nueva fuente de críticas fue el nombramiento de Tòfol Milán tras la renuncia de su primer director, Jaume Far, quien dejó el cargo en noviembre de 2021 por supuestamente motivos personales, pero con un trasfondo de malestar por parte del Govern por algunas de las investigadores que había puesto en marcha.

Y es que Milán había sido director general en el Govern de Francesc Antich, alto cargo del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero y cargo en el Ayuntamiento de Calvià con Alfonso Rodríguez, lo que, a juicio del PP, dejaba en evidencia la intención del PSIB de hacer de este órgano un instrumento a su servicio.

Una vez en el Ejecutivo, tanto Prohens como su conseller de Hacienda, Antoni Costa, habían mantenido su rechazo a la mera existencia del ente. Costa, en concreto, había asegurado que la oficina anticorrupción había sido utilizada políticamente para perseguir a la oposición, y más concretamente al PP. “Es un ente que hace el mismo trabajo, pero mucho peor que la Fiscalía, la Intervención General o la Sindicatura de Cuentas”, llegó a apuntar Costa, para quien es además “un ente perfectamente prescindible en la medida que presenta evidentes duplicidades con otras entidades y que ha actuado por órdenes de ustedes”.

Pero la gota que colmó el vaso llegó a comienzos de octubre, cuando se filtró a la prensa una investigación de la OAIB al director general de Emergencias, Sebastià Sureda, por un supuesto delito de prevaricación urbanística durante su época como regidor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Campos . La portavoz del PP en el Parlament, Marga Durán, acusó directamente a Milán de filtrar expedientes a los medios "con el único objetivo de difamar a miembros del partido". “Milán apura prestando sus últimos servicios al PSIB al frente de una oficina pensada e ideada como máquina del barro al servicio de los intereses del PSOE", apuntó.

El cierre de la oficina no coge tampoco por sorpresa al director de la misma, Tòfol Milán, a quien el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, anunció la eliminación del ente el pasado mes de septiembre. Además, el Presupuesto del organismo para 2024 es de solo 50.000 euros, frente a los 1,5 millones de 2023, una cantidad que no da ni para pagar el sueldo del propio Milán. Este último cobra una de las retribuciones más elevadas de la comunidad autónoma –95.000 euros–, muy por encima de los cerca de 78.800 que percibirá la presidenta del Govern el próximo año.

Además, la OAIB echará la persiana a pesar incluso del apoyo recibido por diversas asociaciones y entidades internacionales para evitar su eliminación, como Transparency International España, Hay Derecho, Political Watch, Access Info Europe, +Democracia y la Red Europea de Autoridades de Integridad y Alertadores (Neiwa), así como la Escuela Balear de Consumo, la Asociación de Consumidores y usuarios (Consubal) y la red de la que forma parte la propia OAIB.

A este respecto, y en su respuesta a una pregunta del diputado del PSIB Marc Pons en la misma sesión parlamentraria, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas, aseguró que "hay otra manera de trabajar la transparencia" y anunció que convocará a las entidades firmantes del texto para mantener una reunión.