De entre las distintas medidas puestas en marcha por el Govern balear ante el avance del coronavirus, la labor de inspección de establecimientos se revela como una de las herramientas clave para controlar aforos, distancias y actividades de riesgo.
Según los últimos datos, dos de cada tres inspecciones efectuadas desde el 10 de julio por los equipos del Govern, los consells insulares y las fuerzas de seguridad han acabado en acta de infracción.
En la última semana, dichas unidades han llevado a cabo 62 inspecciones, de las cuales 48 han acabado en multa. Desde el 10 de julio han realizado 397 actuaciones y levantado un total de 246 actas de infracción comunicadas a los propietarios de los locales. Por zonas, 23 actas han sido levantadas en Palma, Calvià, Inca, Montuiri y Sineu.
Y no sólo multas. El Ejecutivo ha decretado el cierre de tres locales de ocio -uno en Formentera y dos en Santa Ponça- por mantener trabajando a cinco empleados en cuarentena en el primer caso y por incumplir aforos, distancias de seguridad y vender alcohol en recipientes compartidos en los otros dos. Ejemplos todos ellos de una irresponsabilidad infinita en pleno aumento de contagios y defunciones y con la economía en caída libre.
Es del todo necesario recordar que en la lucha contra el coronavirus no valen los esfuerzos asimétricos: somos todos -empresarios, trabajadores y clientes- los que debemos acatar las reglas y limitaciones impuestas por el bien de nuestra propia salud y economía.
