Del 'Pacte de la Conga' a las mascarillas anticovid defectuosas

Un hecho histórico a destacar en el marco del Govern balear es que la socialista Francina Armengol fue la primera mujer en presidir la Comunidad, pues sus cinco antecesores en el cargo habían sido todos hombres. Otro hecho significativo a reseñar sería que el Ejecutivo que lideró entre 2015 y 2019 fue el primero netamente de izquierda que hubo en Baleares. Es cierto que, previamente, el socialista Francesc Antich había gobernado en el Archipiélago entre 1999 y 2003, y luego entre 2007 y 2011, pero en ambas legislaturas había pactado no sólo con todas las formaciones de izquierdas que había entonces, sino también con el partido nacionalista de centro Unió Mallorquina.

Por su parte, Armengol había sido presidenta del Consell de Mallorca entre 2007 y 2011, y líder de la oposición en el Parlament entre 2011 y 2015. Su acceso a la presidencia del Govern fue posible gracias a los acuerdos alcanzados a mediados de junio de 2015 entre el PSOE, Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca. Dichos acuerdos fueron conocidos en aquel momento como los 'Acords pel Canvi'. Recibirían también la misma denominación los acuerdos que hubo por ejemplo en el Ayuntamiento de Palma o en el Consell, si bien cada alianza postelectoral tuvo sus propias particularidades, en función de la estrategia específica de cada partido.

En el caso concreto de Podemos, la formación morada decidió entrar en los equipos de gobierno del consistorio palmesano y del consell mallorquín, pero no en el del Ejecutivo autonómico. Aun así, Armengol pudo contar con el apoyo externo estable de Podemos a lo largo de toda la legislatura 2015-2019. La contrapartida que pidió y logró este partido fue poder presidir el Parlamento balear. Inicialmente, dicha responsabilidad recayó sobre la podemita Xelo Huertas, pero tras ser expulsada de Podemos por un presunto incumplimiento del código ético de esta formación, en febrero de 2017 fue relevada al frente de la Cámara por Baltasar 'Balti' Picornell, también de Podemos.

Al inicio de aquella legislatura, la mayor parte de las actuaciones del nuevo Govern parecían estar encaminadas a ser una especie de "enmienda a la totalidad" a las leyes y normativas aprobadas en el mandato 2011-2015 por el popular José Ramón Bauzá, en especial en materia lingüística. Así, una de las primeras decisiones tomadas por Armengol fue dejar de aplicar el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), un decreto aprobado por Bauzá en 2013 que, esencialmente, preveía la implantación progresiva de un sistema de enseñanza trilingüe en los colegios del Archipiélago, con el inglés o el alemán como tercera lengua, compartiendo horas lectivas con el castellano y el catalán.

Bauzá había decidido poner en marcha el TIL para, paradójicamente, dejar sin efecto un decreto lingüístico aprobado por su propio partido dieciséis años atrás. Se trataba del denominado Decreto de Mínimos, que había visto la luz en 1997, con el popular Jaume Matas como presidente autonómico. Cabe recordar que el citado decreto obligaba a los colegios a impartir en catalán al menos el 50 por cien de las clases, sin que estuviera estipulado un máximo de horas lectivas en dicha lengua. Ello acabó favoreciendo implícitamente la inmersión lingüística, aunque como tal no estuviera explícitamente recogida en el Decreto de Mínimos.

Las políticas de Matas en favor del catalán quedarían también reflejadas en la Ley de Función Pública, que el propio Matas aprobó en marzo de 2007. Esta ley determinaba que el catalán era un requisito para poder ser funcionario en la Comunidad, algo que tampoco era del agrado de Bauzá. Por ese motivo, Bauzá modificó parcialmente dicha ley en julio de 2012, con el propósito de que el catalán pasase a ser considerado únicamente un mérito y no un requisito para ser empleado de la Administración. En cualquier caso, esta modificación legislativa puntual promovida por Bauzá no suscitó demasiada polémica, a diferencia de lo que ocurriría luego con el TIL.

ADIÓS AL TIL

El TIL entraría en vigor en septiembre de 2013, con el rechazo de los partidos que entonces estaban en la oposición y los profesores de filiación nacionalista, al considerar que mermaba la enseñanza en catalán. En ese contexto, la denominada Asamblea de Docentes convocó una huelga indefinida entre el 16 de septiembre y el 4 de octubre de 2013. Además, el 29 de septiembre de aquel año tuvo lugar la manifestación más multitudinaria celebrada hasta hoy en Palma, en la que más de 80.000 personas pidieron la retirada del citado proyecto lingüístico. Pese a todo, Bauzá optó por mantenerlo.

Con posterioridad, el 23 de septiembre de 2014, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) dictó tres sentencias en las que consideraba nulo el decreto que regulaba el TIL. El TSJIB estimó los recursos presentados en su momento por CC OO, STEI y UGT, al entender que existían dos deficiencias formales en dicho decreto, en concreto, que el Govern no solicitó en su momento el preceptivo informe a la Universidad de las Islas Baleares y que preparó una evaluación insuficiente sobre las posibles consecuencias del trilingüismo. Por su parte, el Ejecutivo de Bauzá recurrió aquellas tres resoluciones judiciales ante el Tribunal Supremo, por lo que mientras tanto el TIL se pudo seguir aplicando a lo largo de aquel curso escolar.

En cierto modo, buena parte del crédito que había adquirido Bauzá al inicio de su mandato, tanto por sus críticas contra la corrupción como por su buena gestión económica, se acabaría disolviendo casi por completo por culpa de su obstinación en mantener el TIL. Ello tuvo, además, una clara repercusión negativa para Bauzá a nivel electoral. Así, si en las elecciones autonómicas de 2011 el PP había obtenido en Baleares el mejor resultado de su historia, con un total de 35 escaños, en los comicios autonómicos celebrados en 2015 tan sólo lograría 20 escaños, lo que en aquel momento supuso el peor resultado histórico de los populares en el Archipiélago.

El TIL había hundido a Bauzá, pero había ayudado a encumbrar a Armengol, que siempre estuvo en contra de este decreto. Por ese motivo, el primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo de izquierda, celebrado el 7 de julio de 2015, aprobó desistir de los recursos que Bauzá había planteado ante el Supremo en defensa del TIL, lo que en la práctica suponía dejar este decreto sin efecto. Por tanto, a partir del curso 2015-2016 volvió a estar vigente de facto el Decreto de Mínimos en todos los centros educativos de Baleares.

En aquel mismo Consejo de Gobierno del 7 de julio, Armengol aprobó también una propuesta de derogación de otra norma que había sido impulsada por Bauzá, la Ley de Símbolos, que había sido aprobada en diciembre de 2013 y que tenía entre sus principales objetivos impedir que se colocasen en los edificios públicos banderas no reconocidas como oficiales en la Comunidad. Con la Ley de Símbolos, Bauzá quería evitar que, tal como había pasado ya en diversas ocasiones durante su mandato, algunos colegios colgasen senyeras en sus fachadas para defender la enseñanza en catalán.

La Ley de Símbolos sería derogada definitivamente por el Parlament el 6 de octubre de 2015, con los votos a favor de los partidos del 'Pacte de Progrés' y del PI. Una vez acabada la sesión de aquel día, diputados del PSOE, de Podemos y de Més bailaron de manera improvisada en el exterior de la Cámara autonómica, en la calle Palau Reial, al ritmo que marcaban Els Xeremiers des Prat y Los Estupendos Burruños. Entre los participantes en dicho coliche se encontraban Armengol, el entonces vicepresidente autonómico, el ecosoberanista de Més per Mallorca Biel Barceló, y el líder de Podemos en Baleares, Alberto Jarabo.

EL DECRETO DEL CATALÁN

Los medios de comunicación afirmaron que aquel baile había sido una conga, por lo que de manera casi automática y en un tono irónico empezaron a hablar del 'Pacte de la Conga' para referirse al Ejecutivo que lideraba Armengol. Ese término acabaría haciendo fortuna, a pesar de que, en sentido estricto, nadie había bailado la conga aquel día, pues en ningún momento Armengol, Barceló o Jarabo danzaron en fila india ni tampoco cogidos por la cintura o por el hombro. En realidad, el baile de los nuevos gobernantes isleños fue más bien algo ecléctico, a medio camino entre una danza tradicional rusa prerrevolucionaria, una pachanga autóctona y una polka country.

No se vio, en cambio, que bailasen ningún pasodoble, seguramente porque es una marcha muy vinculada al mundo taurino, que nunca fue muy del agrado del 'Pacte'. Cabe recordar, en ese sentido, que en julio de 2017 el Parlament aprobó la denominada ley de toros "a la balear", que esencialmente impedía que se pudiera maltratar, herir o matar a las reses. El Gobierno central, que entonces presidía el popular Mariano Rajoy, presentó un recurso contra "determinados preceptos" de la citada ley ante el Tribunal Constitucional. Finalmente, el 13 de diciembre de 2018 el Constitucional dictó una sentencia en la que anulaba los artículos más restrictivos de esta ley.

Aquel no sería el único revés judicial del 'Pacte', que en enero de 2020 vio cómo el TSJIB declaraba nulo el decreto de Armengol que regulaba el uso del catalán en la sanidad pública balear. Dicho decreto, que había sido aprobado en marzo de 2018, establecía que se podrían presentar a las oposiciones que convocase el IB-Salud todos los profesionales que lo deseasen, aunque en el momento de examinarse no tuvieran la preceptiva titulación lingüística fijada para cada categoría laboral, que deberían conseguir en un plazo máximo de dos años una vez obtenida la plaza. De no hacerlo así, los médicos y los enfermeros no perderían su plaza, pero se les penalizaría, ya que no podrían pedir traslados ni acceder al complemento de carrera profesional.

El fallo del TSJIB estimó el recurso presentado en su momento por el sindicato CSIF, que consideraba que el decreto del catalán limitaba los derechos del personal sanitario. El TSJIB también dictaminaba en su sentencia que las especificidades recogidas en el citado decreto deberían haber sido aprobadas por el Parlamento regional y no a través de un decreto del Govern.

Armengol recurriría esta resolución del TSJIB, pero en octubre de 2021 el Tribunal Supremo mantuvo la anulación del decreto del catalán, a través de una providencia de inadmisión. A partir de ese momento, el catalán volvió a ser un requisito previo —y ya no un requisito diferido— para poder presentarse a unas oposiciones en el Servicio de Salud de las Islas. Hay que tener presente que en aquellas fechas estaba vigente la última modificación puntual de la Ley de Función Pública, una modificación aprobada por el Parlamento balear en marzo de 2016, que decía que el catalán volvía a ser un requisito, en lugar de sólo un mérito, para poder ser funcionario en la Comunidad.

La decisión del TSJIB y la del Tribunal Supremo fueron bienvenidas por el PP, Cs y Vox, que siempre habían mostrado su oposición frontal al mencionado decreto, al igual que el Sindicato Médico de Baleares y diversas entidades cívicas, en especial Mos Movem. Dicha entidad estimaba, además, que una treintena de profesionales sanitarios habían abandonado el Archipiélago entre 2018 y 2019 por su desacuerdo con la implantación del decreto del catalán.

CONSENSOS Y DISENSOS

A lo largo de la primera legislatura de Armengol al frente del Govern se aprobarían otras tres leyes relevantes, que llegaron a contar con el apoyo parcial o total de la oposición. Así, en mayo de 2016 el Parlament aprobó la Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) y para erradicar la LGTBI fobia. La proposición de ley había sido presentada por el PSOE, Més y Podemos, si bien el PP, el PI y Cs votaron a favor de la mayoría de artículos de esta norma. De hecho, fueron aceptadas o transaccionadas 52 de las 79 enmiendas presentadas en su momento en el hemiciclo.

Aquel mismo mes de mayo, la Cámara regional aprobó por unanimidad la Ley para la recuperación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el Franquismo, coloquialmente conocida como la Ley de Fosas. Dicha ley estableció que el Govern se encargaría de la localización e identificación de las 2.000 personas desaparecidas en las Islas durante la Guerra Civil y el Franquismo. En los casos en que fuese posible, se procedería también a la recuperación de sus restos. Esta ley indicaba, asimismo, que se protegerían y se preservarían las fosas de ambos periodos históricos.

Con posterioridad, en marzo de 2018, el Parlament aprobaría la Ley de Memoria Democrática, que entre otras iniciativas preveía la retirada de símbolos del Franquismo en todo el Archipiélago y abogaba por la anulación de las sentencias de carácter político dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura posterior. Asimismo, dicha ley contemplaba la creación de "itinerarios de la memoria" y la redacción de un censo de símbolos franquistas en el plazo de un año. En esta ley, el PP, Cs y el PI votaron a favor o se abstuvieron en parte del articulado, después de que hubieran sido aceptadas algunas de sus enmiendas durante los debates.

Al año siguiente, se celebrarían de nuevo elecciones autonómicas, en las que el PSOE fue por vez primera el partido más votado en Baleares, obteniendo 19 escaños frente a los 16 logrados por el PP, cuyo candidato era Gabriel Company. Por su parte, Unidas Podemos y Més per Mallorca retrocedieron, pero aun así fue posible reeditar el 'Pacte', lo que supuso otro hito, ya que la izquierda nunca había gobernado durante dos mandatos consecutivos en Baleares. En esta ocasión, además, Podemos sí quiso formar parte del segundo Ejecutivo de Armengol, que contó con el podemita Juan Pedro Yllanes como vicepresidente. Por lo que respecta a la oposición, la principal novedad fue la entrada de Vox en el hemiciclo.

En este contexto, todo apuntaba entonces a que la segunda legislatura del 'Pacte' podría ser más o menos plácida, pero no sería en absoluto así. El primer contratiempo político se produjo en enero de 2020, pero no en el Govern, sino en el Consell, cuando trascendió la existencia de menores tuteladas por el IMAS que eran víctimas de explotación sexual.

En Baleares, a diferencia de otras comunidades, la atención a los menores tutelados no depende del Ejecutivo autonómico, sino esencialmente de los consells. Así, estos gestionan los centros o pisos de acogida para menores tutelados, todos de régimen abierto, mientras que el Govern se ocupa únicamente de controlar los centros de reforma o internamiento, para jóvenes con antecedentes penales.

En cualquier caso, tanto la mayoría de izquierdas que había entonces en el Consell como la que había en el Parlament se opusieron a la creación de una comisión de investigación sobre los menores tutelados explotados sexualmente, que había sido solicitada por el PP, Cs, el PI y Vox. El tripartito que gobernaba en aquel momento en el Consell, bajo la presidencia de la socialista Catalina Cladera, prefirió poner en marcha una comisión de expertos y luego una comisión política sobre la gestión del área de menores. Este asunto sería investigado incluso por el Parlamento Europeo, que en septiembre de 2022 presentaría un informe en el que concluía que el sistema de protección de menores tutelados en Baleares necesitaba mejoras y que era necesario repensar los protocolos de actuación existentes hasta entonces.

LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA

El segundo mandato de Armengol al frente del Govern estaría condicionado por la pandemia del coronavirus. Inicialmente, existía una cierta unanimidad a la hora de valorar positivamente la gestión del Govern durante ese periodo. Aun así, también es cierto que fue muy criticado en su momento el hecho de que en plena pandemia, en concreto la noche del 7 de octubre de 2020, Armengol se encontrase en el interior de un bar de Palma, con varios colaboradores, más allá del horario permitido, que era la una de la madrugada. Tras las reacciones negativas provocadas por aquella salida nocturna a ese local —el Hat Bar—, finalmente pidió disculpas de manera pública por lo sucedido.

La iniciativa legislativa más importante de esa segunda legislatura del 'Pacte' fue, posiblemente, la aprobación de la Ley de Educación —en febrero de 2022—, que estableció que el catalán sería la única lengua vehicular en la enseñanza. Gracias a esa norma pionera y a otras como la nueva Ley de Turismo, Armengol confiaba en mantenerse al frente del Govern durante una tercera legislatura, pero en las elecciones autonómicas de mayo del pasado año fue derrotada por la popular Marga Prohens, que a partir del 6 de julio de 2023 pasaría a ser la nueva presidenta de la Comunidad. Unas semanas antes, Armengol había decidido ser la cabeza de lista socialista por Baleares en las elecciones generales del 23 de julio, en las que obtendría el acta de diputada.

Tras los citados comicios, el entonces presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, propuso a Armengol para presidir el Congreso, ya que sabía que contaba con el beneplácito de los partidos independentistas, que eran y son los que permiten que Sánchez continúe en el poder. La política mallorquina resultaría elegida para desempeñar el citado cargo el 17 de agosto, tras haber contado con los votos favorables del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Junts, PNV y BNG. Ya como presidenta del Congreso, Armengol fue testigo del acto de juramento de la Constitución por parte de la Princesa de Asturias, Doña Leonor, que tendría lugar el 31 de octubre del pasado año.

Por otra parte, en estos últimos meses Armengol ha empezado a acaparar titulares en casi todos los medios nacionales, pero no por su labor como presidenta del Congreso, sino por una de las compras de mascarillas que hizo el Govern que ella lideraba durante la primavera de 2020. En aquel momento, el Ejecutivo balear pagó 3,7 millones de euros por la adquisición de 1,4 millones de mascarillas FFP2 a Soluciones de Gestión. La persona que puso en contacto al Govern con esta empresa fue el entonces asesor del Ministerio de Transportes Koldo García, amigo íntimo de quien era el ministro de ese departamento, José Luis Ábalos. Cabe recordar que García fue detenido en febrero de este año como presunto integrante de una supuesta trama de corrupción en la venta de mascarillas. En el hoy denominado caso Koldo, la Audiencia Nacional investiga si este exasesor habría cobrado comisiones ilegales por sus gestiones ante distintas administraciones.

Hasta el momento, Armengol ha comparecido ya en la comisión de investigación del Congreso y en la del Parlament sobre el caso Koldo para hablar sobre aquella compra. En ambas comparecencias, que tuvieron lugar el pasado mes de mayo, Armengol reconoció haber mantenido algún contacto con Koldo García en 2020, pero no para hablar de ningún contrato. Con posterioridad, este mismo mes de octubre, han salido a la luz varios mensajes de whatsapp que en aquellas fechas envió García a Armengol. En uno de ellos podía leerse: "Vale, cariño, te mantengo informada de todo". Aun así, ese mensaje y el contexto de conversación en el que se produjo no contradicen, al menos por el momento, lo afirmado por la expresidenta hasta ahora.

Los interrogantes que suscita la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión no acaban ahí, pues la mayor parte de los cubrebocas que esta empresa suministró al Govern habrían sido, además, de una calidad y protección inferior a la acordada. En su pedido, el IB-Salud había solicitado mascarillas FFP2, pero, según publicó 20minutos, unos dos tercios de las mascarillas que recibió habrían sido FFP1, por lo que no fueron usadas y se guardaron en un almacén.

Pese a ello, el Ejecutivo de Armengol tardaría tres años en hacer la preceptiva reclamación, a principios de julio de 2023, cuando estaba ya en funciones. En concreto, reclamó 2,6 millones de euros, al considerar que era la cantidad que el Govern había pagado de más por las mascarillas defectuosas. Por su parte, Soluciones de Gestión presentó alegaciones en noviembre del pasado año, que serían desestimadas por el nuevo Ejecutivo de Prohens, que en marzo de este año anunció la apertura de un nuevo expediente para declarar la nulidad del contrato de compra suscrito en 2020 y reclamar la devolución de los 3,7 millones de euros en su integridad.

Desde entonces, ha habido un continuo intercambio de reproches entre el PP y el PSOE, que se han acusado mutuamente de no haber actuado con la celeridad necesaria a la hora de solicitar la devolución del dinero pagado en su momento a Soluciones de Gestión. Por ello, es posible que pasen todavía bastantes meses e incluso años antes de que se resuelva esta intrincada cuestión. Ya decía el gran poeta realista Ramón de Campoamor que "en el mundo traidor/ nada hay verdad ni mentira:/ todo es según el color/ del cristal con que se mira", aunque es probable que Armengol prefiera, seguramente, otro tipo de reflexión y de poesía.

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