El órdago irresponsable de Vox al Govern

Vox exige al PP que el catalán deje de ser lengua vehicular del sistema educativo de Baleares, como condición imprescindible para dar su apoyo al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025 que se está tramitando en el Parlament. Esta exigencia sobrevenida forma parte de una estrategia de confrontación que roza el chantaje político, algo que el Govern de Marga Prohens no puede ni debe aceptar.

La postura de Vox pretende instrumentalizar un error del PP en la votación de la Ley de Simplificación Administrativa, cuando fueron aprobadas 34 enmiendas de Vox que debían haber sido rechazadas, una de las cuales contempla esta medida para la que la formación ultra, con sus seis diputados, no tiene apoyo político ni social.

La actitud de Vox es oportunista e irresponsable, mina la estabilidad del Govern y amenaza con abrir una crisis institucional si finalmente las cuentas públicas para el año próximo no logran salir adelante, lo que obligaría a prorrogar las de 2024. Eso impediría llevar a cabo muchas de las políticas que Baleares necesita para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y también la eficacia de los servicios públicos. Y no parece que tal cosa sea lo que la ciudadanía votó en las elecciones autonómicas de 2023, dando la mayoría de escaños en el Parlament al centro derecha representado por PP y Vox.

Vox no tiene el peso político necesario para imponer una medida tan radical como la que reclama, en un tema tan sensible como la lengua en el sistema educativo

Vox no tiene el peso político necesario para imponer una medida tan radical como la que reclama, en un tema tan sensible como la lengua en el sistema educativo. Si bien es legítimo que intente influir en las políticas del Govern en línea con su ideario, plantear exigencias radicales que sólo ellos defienden y que no forman parte del programa de gobierno del PP, es irresponsable y temerario. Además, demuestra cierto desprecio por el equilibrio necesario en un gobierno en minoría, con un socio que tiene 25 diputados frente a los 6 de Vox.

La eliminación del catalán como lengua vehicular, además, ignora la realidad cultural e histórica de Baleares y polariza aún más un debate que debería basarse en el consenso, ya que requeriría no pocas modificaciones legales que en ningún caso pueden hacerse con la única baza de la coacción para salvar unos presupuestos. Pretenderlo es sencillamente un delirio.

El PP, por su parte, no puede ceder ante el chantaje. Aceptar el órdago de Vox supondría traicionar los compromisos adquiridos con los ciudadanos y debilitar al Govern. Prohens debe mantenerse firme y recordar a Vox que su influencia solo puede ejercerse dentro de los límites de un acuerdo político razonable y respetuoso con los programas electorales de ambos partidos. Por tanto, no caben el chantaje, la amenaza ni la coacción.

Además, es dudoso que los votantes de Vox prefieran acciones rupturistas a los cambios pragmáticos en materias donde hay coincidencia política con los ‘populares’. Y aún más dudoso es que apoyen estrategias que pongan en riesgo la gobernabilidad de las islas.

Es hora de que Vox actúe con responsabilidad y madurez política, en lugar de propiciar inestabilidad y dar argumentos a la izquierda, con los que alimentan su tarea de oposición para recuperar el poder en las próximas elecciones.