En la era de lo quiero todo -o casi todo- gratis, de comprarse tres jerseys por 10 euros (made in Taiwan) y del pirateo, la agricultura no está exempta y sucumbe ante la práctica demasiado habitual de adquirir en las grandes superficies esas fresas baratitas e importadas antes que las feuchas pero dulcísimas manzanas de la tierra.
Y claro, entre esto y que el producto primario pasa por muchas manos antes de lucir en nuestras mesas, los pequeños agricultores mallorquines llevan décadas sobreviviendo a duras penas. Sólo las grandes explotaciones que han conseguido hacerse con un nombre en el mercado tienen viabilidad. Ha llegado a un punto que los payeses -quienes además de proveernos de alimentos también se encargan de tener un campo cuidado generando una imagen de la Isla agradable al turista- han estallado.
Varios son los motivos de queja: la abismal diferencia de precio entre lo que obtienen los productores por la fruta y lo que paga el consumidor -esto es, la ganancia que tienen los intermediarios-, la desventaja competitiva debido a la importación, y la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Las cuestiones que han llevado a las protestas podrían ser sometidas a debate. Por poner un ejemplo, está claro que tanto el transportista como el vendedor han de tener una ganancia por su trabajo.
Resulta oportuno hacer una autoreflexión en el sentido de que todos, en líneas generales, somos corresponsables de la situación a la que se ha llegado. Cuando buscamos consumir “barato”, contribuimos a crear la economía del “todo barato”. Se forma con ello una rueda de la que ahora ya no sabemos salir. Necesitamos comprar a precios ínfimos porque los sueldos que no llegan a mil euros no permiten otra cosa, no obstante, indisolublemente, para que el producto que adquirimos sea barato, todas las personas que han trabajado en el proceso del producto (diseño, producción, transporte, venta…) tendrán un sueldo menor del que sería deseable.
Opino que es correcto que las miradas se dirijan hacia los gobernantes puesto que con sus políticas económicas y de empleo son quienes tienen las herramientas necesarias para invertir una tendencia de consumo general que no se observa que de momento vaya a revertir por sí misma. Desde este punto de vista, y aunque ello complique la vida inicialmente a los empresarios de la producción agrícola, la subida del SMI no se antoja una mala opción.