El Govern de Baleares ha aprobado el pasado martes la expropiación temporal de uso de 56 viviendas propiedad de grandes tenedores. Veintisiete pisos en Mallorca, 23 en Menorca y 6 en Ibiza se podrán incorporar durante siete años al parque de vivienda social que gestiona el Instituto Balear de la Vivienda, con un gasto previsto de 1,8 millones de euros.
El Partido Popular no ha tardado en poner el grito en el cielo ante una medida calificada de populista y propia del “chavismo”, no de un estado de derecho en el que se respete la libertad de disposición y la propiedad privada.
Si bien los argumentos de Casado y tus tropas sobre las repercusiones negativas de este tipo de medidas sobre el atractivo de nuestro país para potenciales inversores inmobiliarios parecen justificados, no podemos olvidar que la obligación principal de un gobierno –sea del signo que sea– es velar por el interés general. Y guardando esto en mente, la ecuación me parece simple. Puestos en la balanza que algunos capitalistas dejen de optar por España como
destino de inversión inmobiliaria y que cientos de personas puedan acceder a una vivienda digna por un alquiler correcto (que no olvidemos la Administración balear abonará a los propietarios de los 56 pisos), entiendo que se obtiene un mayor beneficio social con la segunda proposición.
En cuanto a la inviolabilidad de la propiedad privada a la que aluden los populares, sus ejecutivos no se lo pensaron dos veces a la hora de expropiar para construir aeropuertos, instalar trazados ferroviarios o ampliar carreteras. ¿Mal hecho? En absoluto. Primaron en esos casos los intereses de los muchos usuarios de esas infraestructuras sobre el derecho de propiedad de algunos ciudadanos, y la sociedad en su conjunto ganó con ello. Opino que el mismo rasero debe utilizarse para valorar la decisión de Francina Armengol.
Jesús Manuel Suárez Liste
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