Lo que está sucediendo en el Hospital de Inca no tiene pinta de acabar nada bien, todo lo contrario, de seguir así es más que posible que veamos a algún cargo que otro sentado en el banquillo de los acusados, porque medida que se toma, presunta ilegalidad que se comete. Y muchas de ellas por desconocimiento absoluto de lo que es la gestión sanitaria.
La nota hecha pública ayer por el Partido Popular ha caído como un jarro de agua fría en el centro hospitalario, porque informa de que -y cito textualmente- “se procederá a la redistribución de la plantilla, con la contratación de tres nuevos especialistas: un nefrólogo, un oncólogo y un cirujano”; es decir, se contrata a tres médicos y se pone en la calle a dos traumatólogos interinos.
Dicen que este anuncio es para que nadie les pueda acusar de “amortizar plazas”, pero lo cierto es que ya las han amortizado con el despido de los dos facultativos, porque ha tenido lugar “antes de” y no “después de”, o lo que es lo mismo, que se han saltado todas las normas habidas y por haber, por lo que el tema, de momento, está recurrido ante el Ib-Salut y de ahí, si no se les repone en su puesto, irá directo a los juzgados.
Mientras tanto, en el hospital se preguntan por el tan cacareado consenso, una palabra que no habían pronunciado hasta ahora, cuando ya han decidido, sin consultar a nadie, despedir a dos traumas y reordenar la plantilla.
Nunca un enfrentamiento personal llegó tan lejos ni un cargo político se atrevió a tanto.