A dónde va el Sistema Nacional de Salud

La Ley General de Sanidad (Ley 14/86) y algunos añadidos posteriores completaron la evolución de la asistencia sanitaria en España, desde una organización de tipo seguro social sanitario, financiada mediante las cuotas de los trabajadores y las empresas, a un Sistema Nacional de Salud para todos los ciudadanos, españoles y extranjeros residentes, financiado a través de los impuestos, con derecho a la asistencia sanitaria sin contraprestación monetaria. Un sistema sanitario basado en los principios de universalidad y equidad, que ha constituido uno de los pilares básicos de nuestro estado del bienestar.

El gobierno español actual ha introducido mediante un real decreto ley (RD Ley 16/2012), figura legislativa de tramitación rápida y sin debate parlamentario ni social, reservada en principio para temas de extrema urgencia, una modificación que significa una vuelta al pasado, al volver a restringir el derecho a la asistencia sanitaria, del que quedan excluidos determinados colectivos, siendo los más notorios, y que más se han aireado en los medios de comunicación, los nacionales de países de la UE y asimilados que carezcan de permiso de residencia o no puedan acreditar estar en paro involuntario y los nacionales de terceros países que carezcan de permiso de residencia. Para estos últimos, los (mal)denominados inmigrantes ilegales, entre 150.000 y 250.000 según diversas estimaciones, solo se contempla la asistencia de urgencia, a la gestación y al parto y a menores. Al eliminar la universalidad de acceso al sistema, se vuelve al concepto de asegurado, en contraposición a ciudadano, como detentador del derecho a la asistencia,

La reforma se justifica como un mecanismo para ahorrar en el gasto sanitario y, como dice literalmente el título del RD “para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones”. Para tal fin, además de restringir el acceso al sistema, se establecen otras modificaciones, como nuevas carteras de servicios, definidos como básicos, complementarios y auxiliares.

Todo ello parece encaminado hacia una redefinición conceptual del sistema, dirigiéndolo de nuevo a un servicio de tipo seguro sanitario, incluso aunque de momento se siga financiando mediante los impuestos, que permitiría en un futuro próximo la provisión de servicios por parte de proveedores sanitarios privados.

Además de este real decreto ley, las decisiones que en materia sanitaria han tomado el gobierno central y los gobiernos autonómicos, dibujan un cuadro muy preocupante, sobre todo en lo que afecta a los profesionales sanitarios: rebajas repetidas en sus emolumentos, tanto en el salario, como en distintos complementos, especialmente significativa la reducción del complemento de carrera profesional, drástica restricción en el número de facultativos de guardia, eliminación de las “peonadas”, disminución del pago por hora de guardia, eliminación de la productividad variable, eliminación del complemento de fidelización en las islas menores; también el cambio en las condiciones de trabajo, con incremento de la jornada en media hora diaria, y, según rumores de conversaciones informales privadas, posibles “EROS” el próximo otoño, que afectarían al personal contratado e interino.

A todo esto se suma el próximo incremento del copago farmacéutico, que entrará en vigor el 1 de julio y que implicará, no solo un aumento en el porcentaje que los asegurados activos tendrán que pagar por los medicamentos, sino también que, por primera vez, los pensionistas tendrán que abonar una parte del coste de las medicinas.

Si consideramos en conjunto todas estas medidas, nos encontramos con que, en unos pocos meses, el Sistema Nacional de Salud puede presentar las siguientes características: sistema de atención restringida a asegurados con una cartera de servicios redefinida, con exclusión de colectivos y servicios económicamente “no interesantes”, plantilla de personal reducida significativamente, con emolumentos drasticamente recortados y con jornadas de trabajo extendidas y copago por los medicamentos sustancialmente incrementado.

Con estas condiciones, parece lógico suponer que la gestión de los servicios sanitarios podría resultar muy atractiva para proveedores privados. No se debe olvidar que, ya desde hace algunos años, hay experiencias al respecto en Valencia y en Madrid y, sobre todo, en Cataluña, que constituye el auténtico laboratorio de pruebas de la provisión de servicios a la sanidad pública por parte de proveedores privados y que hay anuncios de los gobiernos autónomos de Valencia, Castilla la Mancha y Madrid de que incrementarán sustancialmente el número de servicios sanitarios públicos cedidos a la gestión privada.