A partir del 1 de septiembre los inmigrantes sin permiso de residencia, los mal llamados ilegales o “sin papeles”, ya no tendrán derecho a la asistencia sanitaria por parte del Sistema Nacional de Salud, con la única excepción de la asistencia de urgencia, al embarazo y a los menores de edad. Se argumenta desde el gobierno que esta medida se toma por motivos económicos, para acabar con los abusos de utilización de nuestro sistema sanitario por parte de personas no residentes, o residentes irregulares, así como el “turismo sanitario” de ciudadanos de la Unión Europea o algún país vecino. Pero éstas son dos problemáticas distintas que, al mezclarse en una única argumentación, inducen a que la opinión pública tenga una percepción falsa de la situación, que ha llevado a muchos ciudadanos españoles al convencimiento de que los inmigrantes irregulares realizan un uso excesivo de los servicios de salud, que colapsan los servicios de urgencias, que hacen un consumo farmacéutico desaforado, etc. etc.
El “turismo sanitario” de los ciudadanos de países de la UE y asimilados es, indudablemente, un abuso y un quebranto para nuestro sistema sanitario y es pertinente y necesario controlarlo y eliminarlo. Para ello habrá que hacer uso de los mecanismos que existen en los tratados vigentes de la UE, internos y con terceros países como Suiza, Noruega, etc., de reciprocidad de asistencia sanitaria y proceder a la facturación y cobro de los servicios por las vías establecidas. No se trata, por ejemplo, de dejar sin diálisis a una jubilada noruega con insuficiencia renal que viene a España a pasar los cuatro meses de invierno, pero sí de que no aproveche dicha estancia para ponerse gratis total una prótesis de rodilla. Ahora bien, el cobro de estos servicios a ciudadanos europeos debe revertir a los servicios de salud de la comunidad autónoma en la que se han prestado.
Otro argumento que induce a confusión, si no se explica bien, es el del cálculo del Tribunal de Cuentas de unos 450 millones de euros anuales destinados a la asistencia sanitaria a extranjeros que alegan no tener recursos económicos suficientes, que eran, según el propio tribunal, 450.000 en números redondos a 15 de junio de 2010, en su gran mayoría portugueses, ciudadanos por tanto de la UE, y marroquíes, país que tiene un acuerdo bilateral con el nuestro. Muchos de éstos incorporan a su familia a su tarjeta sanitaria, para que puedan venir a España a recibir asistencia gratuita. Esto constituye también, sin duda, un abuso que debe ser solucionado. El que se trate de dos países vecinos, es lógico, ya que el viaje es económicamente asequible. Los inmigrantes de otros países difícilmente recurrirán a este subterfugio, ya que no pueden pagar el precio de los viajes de sus familiares hasta España.
Pero si estas dos problemáticas constituyen un claro abuso de nuestro sistema y de nuestros recursos y su control y regulación deberían suponer un importante beneficio económico, no está tan claro que la exclusión del colectivo de “sin papeles” vaya a tener un impacto positivo significativo en el gasto sanitario y, a medio y largo plazo, puede ser incluso, negativo.
Es difícil saber con exactitud, por la propia naturaleza del colectivo, el número exacto de inmigrantes irregulares. Distintos grupos y organizaciones han dado cifras ampliamente discrepantes, desde unos 150 a 200.000 hasta unos 800.000, discrepancias que se deben, en parte, a diferencias de criterio en quienes deben ser incluidos en la consideración de “sin papeles”. Muchas organizaciones dedicadas a la atención a estas personas aceptan una cifra de consenso de alrededor de medio millón, esto es, alrededor del 1% de la población residente en España, osea, un porcentaje mínimo del total.
Además, no es cierto que este colectivo abuse del sistema sanitario. Al contrario, existen numerosos estudios en España y en otros países europeos, que demuestran que los inmigrantes hacen un uso menor de los servicios sanitarios, acuden con menor frecuencia a la visita médica, su consumo farmacéutico anual es muy inferior, necesitan menos intervenciones quirúrgicas y solo hacen un uso similar de las urgencias hospitalarias y el único servicio que usan más que los nacionales es el de maternidad. Todo ello es lógico, puesto que los inmigrantes suelen ser jóvenes y sanos y están en edad reproductiva. La población autóctona, con una pirámide de población disparada hacia el envejecimiento y una expectativa de vida creciente, lo que conlleva un incremento expansivo de los padecimientos crónicos, provoca un gasto “per capita” muy superior al de los inmigrantes.
La exclusión de los inmigrantes sin permiso de residencia del derecho a la asistencia sanitaria tendrá unos efectos devastadores sobre el colectivo, pero no está claro que suponga un ahorro económico significativo a corto plazo y puede tener consecuencias muy perjudiciales para toda la sociedad española a medio y largo plazo. Al quedar excluidos de la asistencia regular, harán una frecuentación mucho mayor de los servicios de urgencias que son mucho más caros. Al no poder beneficiarse del diagnóstico precoz, desarrollarán procesos crónicos, que, a la larga, generarán visitas a urgencias y procedimientos terapéuticos mucho más caros que un tratamiento precoz. Los que tengan enfermedades crónicas y no tengan acceso al tratamiento adecuado, desarrollarán complicaciones que también acabarán con visitas a urgencias y tratamientos caros. Es decir, el pretendido ahorro, que es posible que se produzca, seguramente poco significativo, a corto plazo, quedará más que compensado a medio y largo plazo por el coste superior de los servicios de urgencias y hospitalarios.
Una consecuencia particularmente nefasta, que puede tener una repercusión muy grave en toda la sociedad y que merece una consideración específica, es el de la falta de acceso a la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas. Al quedar excluidos de la asistencia regular, no tendrán acceso a la prevención, diagnóstico y tratamiento de este tipo procesos, con lo que pueden llegar a convertirse en reservorio de enfermedades, que luego pueden transmitir al resto de la población. Podemos asistir en el futuro al resurgimiento de enfermedades que creíamos cosa del pasado, como la difteria, la tosferina, el sarampión, la rubéola y otras. En algunos países de Europa oriental ya se vienen produciendo desde hace unos años brotes epidémicos de difteria, tosferina, sarampión y otras enfermedades transmisibles prevenibles mediante vacunación. Especialmente peligrosa será la falta de tratamiento, o el tratamiento inadecuado, de enfermedades como la tuberculosis y el SIDA. Mantener en el seno de nuestra sociedad bolsas de enfermos de SIDA y tuberculosis sin tratamiento adecuado puede resultar suicida desde el punto de vista de salud pública y, desde luego, carísimo en términos puramente económicos.
Dado que el gobierno y quienes le apoyan han esgrimido motivos estrictamente económicos para justificar la medida y que, por desgracia, es a la economía a lo único que parecen ser sensibles los ciudadanos en estos tiempos de crisis y tribulación (no solo económica, también moral) he renunciado deliberadamente en este artículo a exponer argumentos de índole humanitaria, ética, moral, legal y tantos otros que podrían aportarse. Desde una perspectiva estrictamente económica, algunos se preguntan ¿podemos permitirnos en lujo de dar asistencia sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia?. Por todo lo expuesto en este artículo, considero que la pregunta adecuada, en términos puramente económicos, es exactamente la contraria, ¿podemos permitirnos el lujo de NO dar asistencia sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia?.
