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Garau, ideólogo de Més, y Barceló, vicepresidente del Govern
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Garau, ideólogo de Més, y Barceló, vicepresidente del Govern

El Juzgado investiga los contratos de Més tras la querella de la Fiscalía

Por Redacción
martes 17 de octubre de 2017, 12:54h

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De las responsabilidades políticas y las dimisiones a las probables consecuencias judiciales. El caso de los contratos de Més per Mallorca a Jaume Garau se halla en una nueva fase. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Balears referente a los contratos del partido Més per Mallorca por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El juez de instrucción Enrique Morell ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía e investiga si hubo corrupción en los contratos adjudicados sin concurso por el actual Govern balear al exjefe de campaña de Més Jaume Garau.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha informado hoy de que el titular del juzgado de instrucción 9 ha iniciado el proceso derivado de la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción, que aprecia indicios de prevaricación y tráfico de influencias en los contratos de Garau con las conselleries de Turismo y Cultura.

Además del exjefe de campaña de Més, la denuncia de Anticorrupción se dirige contra la exconsellera de Transparencia, Cultura y Deportes Ruth Mateu, el exdirector de la Agencia de Turismo de Baleares Pere Muñoz (dimitido la semana pasada), el ex director general de Cultura Jaume Gomila y el exdirector del Instituto d'Estudis Baleàrics José Ramón Cerdà.

El juez Morell está a la espera de recibir documentación del caso y aún no ha citado a declarar a ninguno de los querellados, según las mismas fuentes.


INVESTIGACIÓN INICIADA EN ABRIL

La denuncia de la Fiscalía se dirigió tanto a Regio Plus Consulting como a a una serie de políticos del partido.

La Fiscalía Anticorrupción decidió abrir diligencias el pasado mes de abril en relación a una serie de contratos por valor de 153.000 euros adjudicados a empresas de Garau mediante el sistema de negociado sin publicidad. Tras analizar los informes policiales y los expedientes durante meses, Anticorrupción trasladó el caso a los tribunale

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