El juzgado anula el rescate del túnel de Sóller aprobado por el Consell

La institución insular, entonces presidida por Miquel Ensenyat, decidió rescatar el túnel por "razones de interés público" de manera que el peaje se eliminase a partir del 1 de septiembre de 2017, a cinco años de su finalización natural. Para ello calculó un coste de 17,4 millones de euros. Sin embargo, la empresa solicitó medidas cautelares y la Justicia paralizó el rescate, que no pudo hacerse efectivo en la fecha prevista.

El Tribunal Superior de Justicia levantó posteriormente dichas medidas y finalmente, el 28 de diciembre la empresa adelantó la gratuidad del túnel horas antes de lo previsto por las autoridades, que habían convocado un acto público para el momento de la entrada en vigor del rescate.

Al retrasarse unos meses la apertura prevista del túnel, el coste para el Consell sería algo menor ya que se reducían el número de días que la infraestructura sería gestionada directamente por el Consell, hasta los 16,29 millones de euros.

DISPARIDAD DE CRITERIOS

No obstante, Globalvía había cifrado en 31 millones de euros el coste del rescate, lejos de la cantidad ofertada por el Consell de Mallorca. La empresa calificó de "erróneo" el precio fijado por la institución y la acusó de utilizar un informe firmado por "un profesional inadecuado e inexperto, sin los debidos conocimientos en valoración de contratos concesionales".

La empresa argumentaba que el informe del Consell obviaba la legislación que le es aplicable y que "confundía" la naturaleza jurídica del bien valorado, puesto que no se trata de un inmueble sino de un contrato de concesión.

El pleno del Consell de Mallorca aprobó en marzo de 2017 el rescate del Túnel de Sóller con el apoyo de todos los grupos excepto PP y Cs, que se opusieron.

El entonces portavoz del Grupo Socialista en el Consell, Miquel Àngel Coll, señaló que esta decisión, incluida en los 'Acords per Mallorca', era "un acto de justicia, aunque tarde, con los habitantes del valle".

El portavoz socialista defendió que la decisión "es una buena noticia para todos los mallorquines, sin condicionantes ni paliativos, que además tendrá una repercusión económica directa para las personas que visitan el Valle de Sóller y también para las empresas que dan servicio".