El juez impide que el Govern balear se persone como acusación en el 'caso Koldo'

En el auto al que ha tenido acceso a Europa Press, el juez argumenta que no procede aceptar la personación de la Abogacía de la Comunidad Autónoma como acusación particular, en nombre del IbSalud, hasta que no acredite el eventual perjuicio en los hechos que son objeto de investigación.

Cabe recordar que la Abogacía presentó el escrito solicitando la personación en las actuaciones el pasado 28 de febrero y se dio traslado al Fiscal, que señala, como ha recogido igualmente el instructor, que el expediente al que se refiere --la compra de 1,4 millones de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros-- fue financiación con cargo al fondo Feder por lo que no existiría perjuicio para la Administración.

GARCÍA CASTEJÓN TUTELARÁ LA CAUSA DE FISCALÍA EUROPEA

Por otro lado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha sido designado juez de garantías en la investigación que abrió la Fiscalía Europea sobre los contratos firmados --durante la primera etapa de la pandemia-- por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares con la presunta trama en la que habría participado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para el suministro de mascarillas.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que García Castellón actuará como juez de garantías para autorizar las diligencias que quiera practicar la Fiscalía Europea en el marco de esta investigación.

El magistrado también investigó en la Audiencia Nacional al expresidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de terrorismo en relación con la actuación de la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic' en octubre de 2019. El Tribunal Supremo asumió la investigación por la condición de aforado que goza en calidad de eurodiputado y le abrió causa penal por unanimidad.

La Fiscalía Europea adoptó esta decisión tras recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, quienes investigan en España a siete miembros de la presunta 'trama Koldo', que habría pagado comisiones irregulares para conseguir contratos de mascarillas con la Administración durante la primera etapa de la pandemia. Según precisaron, también ha recopilado datos de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la Unión Europea.

En este contexto, La Fiscalía Anticorrupción española remitió documentación a la Fiscalía Europea el 8 de junio de 2023 a través de un decreto "al afectar a fondos de la Unión Europea". Fuentes cercanas a la investigación confirman a Europa Press que los contratos en cuestión serían varios suscritos con las comunidades autónomas entonces presididas por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.

En concreto, se trata de cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, por importe conjunto de 16.019.079 euros, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público español.

En el caso de Canarias, el primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.

Respecto a la Administración balear, el contrato adjudicado por el Servicio de Salud de las Islas Baleares se firmó en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.