La Fiscalía abrió en abril del año pasado diligencias de investigación penal para el esclarecimiento de los contratos realizados entre empresas del entorno del ex jefe de campaña de Més y el Govern. El Ministerio Fiscal presentó una querella por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, tras inspeccionar los contratos adjudicados a Garau para la realización de estudios por varias Consellerias dirigidas por cargos políticos de Més, mediante un procedimiento negociado sin publicidad. En total, los contratos incluidos en la querella suman un importe aproximado de 154.000 euros.
La Fiscalía excusa al ex director gerente de la ATB de "favorecer arbitrariamente" al ex jefe de campaña de Més, Jaume Garau, fraccionando un contrato mayor. La Fiscalía sostiene que había una única unidad operativa y funcional en el barómetro encargado desde la Conselleria de Turismo pero los querellados "acudieron al fraccionamiento del contrato, expresamente prohibido por la legislación administrativa".
Respecto a Cultura, Anticorrupción apunta que tres contratos adjudicados desde la Conselleria tenían por objeto la misma prestación de servicios y constituían una unidad operativa y funcional, por lo que debían haber sido objeto de un solo contrato sin adjudicación directa. Sin embargo, Anticorrupción asegura que se fraccionaron para eludir la legalidad administrativa.
Tras conocerse los contratos, Mateu presentó su dimisión en marzo de 2017 "para dar ejemplo" y defendió entonces que no había cometido "ninguna irregularidad". Después de esta dimisión Més per Menorca decidió salir del Govern.
En octubre, una vez admitida a trámite la querella de la Fiscalía, el Govern autorizó a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma que se personase, y si lo consideraba necesario que ejerciera la acusación particular en nombre de la Administración autonómica.
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No(
A favor (
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