El juzgado número 31 de instrucción de Madrid, que investiga el patrimonio personal y empresarial de Rodrigo Rato ha ordenado el embargo de todos sus bienes, incluida la pensión del FMI por una suma total de 18 millones de euros.
El embargo se produce porque Rato no ha prestado la fianza de responsabilidad civil exigida tras imputado por delito fiscal, corrupción entre particulares y blanqueo, junto con su presunto testaferro y su propio abogado, Domingo Plaza.