El Govern lleva comprometidos más de 10 millones de euros de gasto adicional

El Govern de les Illes Balears tiene declarado que incumplirá el déficit. Ya sucedió en 2014, cuando el Ejecutivo estaba en manos del Partido Popular. En aquella ocasión se produjo un desfase del 1,7% cuando el límite estaba fijado en el 1%. 7 décimas más de lo permitido. El entonces conseller de Hacienda, José Vicente Marí, lo atribuyó al impago por parte del Gobierno central de 90 millones € correspondientes al convenio de carreteras de 2004.

En 2015 el déficit permitido a las comunidades autónomas está limitado al 0,7% del PIB. El Govern ya anunció que es imposible cumplir las exigencias puesto que cuando el PP abandonó sus responsabilidades de gobierno en el mes de junio, ya acumulaba un déficit del 1%. El Ejecutivo estima que al concluir el año el déficit rondará el 1,5%.

Y para el año próximo la situación será aún peor, pues siendo el techo de déficit del 0,3% del PIB pese a los intentos de aumentarlo que han hecho las comunidades autónomas no gobernadas por el PP en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Govern ha anunciado una serie de medidas que conllevan un gasto de más de 10 millones €.

Entre otras, el Ejecutivo que preside Francina Armengol ha anunciado el establecimiento de una renta social garantizada de 426 € para personas sin ningún ingreso económico, en situación de vulnerabilidad económica. Según la Conselleria Fina Santiago, se podrían ver beneficiadas unas 3.000 familias en 2016, lo que arroja una cantidad de 1.278.000 €.

También se ha comprometido este año el pago de 850.000 € extraordinarios (al haberse agotado el presupuesto previsto de 4,6 millones €), para la Renta Mínima de Inserción.

Otro compromiso del Govern es el de costear las obras de construcción del nuevo emisor de Talamanca en Ibiza, que podría superar los 3 millones €.

La creación de la facultad de medicina, como recientemente anunció la presidenta Armengol durante el acto de apertura del curso universitario, también implicaría un elevado desembolso económico que obligaría a aumentar el presupuesto de la UIB. Aunque está por determinar qué cursos y según qué calendario se implementarían, hay estimaciones que prevén un gasto de entre 5 y 7,3 millones € cuando toda la carrera esté implantada y cuente con alrededor de 500 alumnos.

La devolución de entre 12.000 y 15.000 tarjetas sanitarias a inmigrantes sin permiso de residencia, ha sido otra de las medidas adoptadas por el Govern cuyo coste no ha sido cuantificado.

Tampoco lo ha sido la recuperación de los derechos laborales del personal docente,  otro compromiso que conllevará un gasto importante para las arcas de la comunidad autónoma, singularmente la contratación para este curso que recientemente ha comenzado de 364 docentes más respecto al curso pasado.

Lo mismo puede decirse de la puesta en marcha otra vez del Consell de la Joventut que el PP eliminó en 2013, y cuya dotación presupuestaria arrancará con 35.000 €.