Revés para el Gobierno. El Ejecutivo de Sánchez ha admitido que la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos necesita la autorización de la comunidad benedictina que custodia la Basílica. Sin dicha autorización resulta legalmente imposible acceder al lugar de culto pare la exhumación. En caso de no contar con el permiso eclesiástico, sería necesaria la autorización del Tribunal Supremo.
Sin embargo, el Gobierno ha insistido en su propuesta aunque reconoce que estas circunstancias podrían llevarle a "a posponer a la fase de ejecución del acuerdo la habilitación correspondiente para la entrada en el referido lugar de culto de acuerdo con el ordenamiento jurídico, a partir del alcance expuesto a la inviolabilidad del mismo". El Gobierno ha dado un plazo de 15 días a la familia para que elija otro lugar de inhumación alternativo a la cripta de la Catedral de La Almudena y que sea "viable", lo que significa que “no plantee problemas de seguridad y de orden público como, alega el Ejecutivo”.