El GOB se opone a un proyecto de planta fotovoltaica en Llucmajor

En concreto, tal y como ha explicado la entidad en un comunicado, la planta prevista, que ocuparía 25 hectáreas, se sitúa en el corazón de la Marina de Llucmajor, un espacio que desde hace cinco años ha sido objeto de reiteradas peticiones de protección por parte del GOB debido a su importancia ornitológica.

De hecho, según la información científica que la entidad ha remitido a la Conselleria de Medio Ambiente, la Marina de Llucmajor debería ser declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) para atender las obligaciones del Govern en relación al cumplimiento de la directiva de protección de las aves silvestres.

El proyecto se suma a otras dos grandes infraestructuras energéticas previstas en la zona: otra planta fotovoltaica que ocuparía 50 hectáreas en la finca de s'Àguila, y una línea de alta tensión con 110 torres de 40 metros de altura que atravesará la Marina.

El GOB ha puesto la situación en conocimiento de la Comisión Europea, al considerar que las autoridades baleares estarían incumpliendo sus obligaciones con la directiva de aves al no declarar la ZEPA y permitir el desarrollo de estos proyectos que alteran sensiblemente las condiciones ambientales de la zona.

En este sentido, los ecologistas recuerdan que el Plan Director Sectorial de Energía no permite la instalación de grandes parques fotovoltaicos en las zonas protegidas, como son las ZEPA's.

SÍ A LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA, NO AL MEDIO NATURAL Y RURAL

Desde el GOB insisten en que la implantación de las energías renovables no debe ser incompatible con la conservación de espacios naturales excepcionales, como es el caso de la Marina de Llucmajor.

Al respecto, recalcan la necesidad de llevar a cabo la transición energética con proyectos adaptados al territorio y que cumplan varios requisitos a parte de ser renovables: descentralización de la producción, democracia en el acceso a la energía y no mercantilista / de bien común.

"Recordemos que estas instalaciones representan la implantación en suelo rústico de grandes instalaciones de carácter industrial para satisfacer un negocio privado", añaden desde la entidad ecologista.

Tal y como aseveran, la implantación de usos industriales en el suelo rústico implica la transformación indeseable de los usos del mismo, "un suelo sometido ya a muchas presiones (turísticas, lucrativas, inmobiliarias y especulativas) que desvirtúan lo que debería ser su única vocación: los usos primarios".

Por otro lado, señalan, cuando se hace referencia a estos grandes parques, "hablamos otra vez de proyectos de promoción e inversión de capitales privados y, por tanto, en los que el único criterio es la rentabilidad económica, y ésta pasa por la necesidad de ocupar grandes extensiones de suelo para garantizar la máxima rentabilidad en términos puramente económico de la inversión".

"Así, nos encontramos ante proyectos que nos alejan de la concepción de las renovables como una herramienta de democratización en el acceso a la energía que apueste por nuevos modelos de participación social y local de la economía", apuntan.

El GOB ha pedido asimismo a la Conselleria de Medio Ambiente "celeridad" con la declaración de nuevas ZEPA's, después de que la semana pasada el conseller anunciase la tramitación de un procedimiento para ampliar estas áreas en Baleares. "Confiamos en que esta ampliación pueda incorporar la Marina de Llucmajor", sostienen.