La situación procesal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha alcanzado un punto inaudito y alarmante. La intervención de la Guardia Civil en su despacho, donde se confiscaron dispositivos y correos electrónicos por orden del Tribunal Supremo, es un hecho sin precedentes que evidencia una crisis institucional profunda, ante la que nadie parece darse cuenta de la gravedad de la situación, que se ha convertido en insostenible.
Esta medida excepcional, ordenada por el juez instructor que investiga al fiscal general, demuestra la gravedad de las sospechas que pesan contra García Ortiz, quien se aferra al cargo como si nada sucediera, con el apoyo explícito y explicitado del Gobierno, algo que no hace sino empeorar la situación.
La situación de investigado en un proceso penal contra el fiscal general es un hecho extraordinario del que no hay precedentes
Está en entredicho la independencia y la credibilidad de una de las instituciones fundamentales en el sistema judicial español, la Fiscalía General del Estado. La situación de investigado en un proceso penal contra el fiscal general es un hecho extraordinario del que no hay precedentes en nuestro país y que debería hacer reflexionar a los responsables políticos sobre la necesidad de proteger la integridad institucional del Ministerio público, puesta en cuestión por la negativa del fiscal a abandonar el cargo.
La Fiscalía General del Estado no debe verse envuelta en polémicas que la socaven y, mucho menos, en casos penales que afectan directamente a la figura que encabeza esta institución. La ciudadanía observa incrédula cómo uno de los cargos más altos de la Justicia es objeto de una investigación penal, sin que se asuman responsabilidades inmediatas y se aparte del cargo a fin de preservar la dignidad de la Fiscalía.
La dimisión del fiscal general es imprescindible para restaurar la confianza ciudadana en la justicia y salvaguardar la reputación de la Fiscalía. Su permanencia, contra toda lógica, en el cargo, mientras sigue inmerso en un proceso judicial, erosiona la credibilidad de la institución que representa. No es normal, ni debería ser aceptable, que un fiscal general en ejercicio esté siendo investigado por un tribunal y no opte por apartarse del puesto.
El Gobierno de Pedro Sánchez trata de hacer pasar esta situación como algo normal, cuando claramente no lo es. La Justicia española no puede permitirse ignorar la responsabilidad ética y política en este caso. La renuncia de García Ortiz sería un acto de respeto hacia la institución que encabeza y una medida mínima para salvaguardar su dignidad y legitimidad.
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