El diputado Vicenç Vidal ignora las normas legales para convocar manifestaciones

El pasado 16 de junio, el grupo Mallorca Platja Tour, que entonces aún no se había constituido formalmente como asociación, convocó y llevó a cabo una protesta en la playa del Caló des Moro, en Santanyí. Sin embargo, eludieron su obligación de notificar con la debida antelación a la Delegación del Gobierno una concentración de un número importante de personas en un espacio público.

Las patrullas de la Guardia Civil de aquella demarcación intervinieron de oficio para identificar a algunas de las personas que participaron en la protesta, sin que haya constancia de que se haya adoptado ninguna medida punitiva contra los organizadores de aquella movilización ciudadana, ampliamente publicitada en las redes sociales de los convocantes.

El diputado en el Congreso de Sumar-Més, Vicenç Vidal, ha afirmado través de su perfil en la red social X que "proteger la tierra no es ningún delito". El comentario de Vidal resulta, cuanto menos, desconcertante. En ningún momento se ha informado de que los manifestantes hayan sido acusados de un delito penal. De hecho, no se tiene constancia de que la Delegación del Gobierno haya iniciado siquiera un expediente sancionador por la falta de comunicación previa de la convocatoria, algo que sería completamente procedente porque la Ley exige cumplir con determinados requisitos para ejercer el derecho a la libertad de reunión y manifestación en la vía pública, que en aquella ocasión se omitieron de forma deliberada.

En ningún momento se ha informado de que los manifestantes hayan sido acusados de un delito penal

La actuación de la Guardia Civil fue correcta, proporcional y ajustad a la legalidad en cumplimiento de su deber, asegurando el orden y la seguridad ciudadana, tal como le corresponde según la legislación vigente.

Lo que sorprende es que desde ciertos sectores políticos se pretenda construir una narrativa de victimización en torno a un suceso que no lo justifica. La Guardia Civil no reprimió ni censuró la protesta, simplemente actuó en el marco de la legalidad, como era su obligación. Es más, las protestas, por legítimas que sean, deben seguir ciertos procedimientos, como la notificación previa a las autoridades. Ignorar estas normas no convierte a los manifestantes en mártires de una causa, sino en participantes de un acto ilegal y, por tanto, sancionable. Lo anómalo e irregular es que el Delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, no actúe contra los convocantes de aquel acto ilícito, sólo porque, como él mismo reconoció, comparte políticamente las razones que motivaron la protesta.

En lugar de fomentar la polarización, sería más útil que figuras públicas como el señor Vidal promuevan un debate más constructivo, uno que incluya tanto la defensa del medio ambiente como el respeto a las leyes que garantizan la convivencia pacífica. Lo importante no es solo defender “la tierra”, sino hacerlo dentro de un marco que respete el orden democrático y las reglas del juego.