El Defensor del Pueblo pregunta a las comunidades por los desalojos de la población chabolista

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha pedido información a las comunidades sobre los procesos de desalojo y realojo de la población chabolista, si cumplen las garantías exigidas por Naciones Unidas y si cuentan con censos de las personas que viven en estos asentamientos.

En concreto, la Institución les ha preguntado si existe una normativa específica que regule este proceso y si los gobiernos regionales cuentan con algún instrumento de planificación ante estas situaciones, ha informado el Defensor en un comunicado.

Y lo ha hecho porque conoce "de primera mano" las actuaciones, "siempre traumáticas", de desalojo, especialmente cuando hay menores, y de los problemas que padecen las personas que malviven en estos poblados "en condiciones muy precarias y de insalubridad", con una ausencia "casi absoluta de servicios públicos".

Fernández Marugán considera que la situación de exclusión social de la población chabolista obliga a la intervención de los poderes públicos, y aunque de las autonomías la competencia exclusiva en materia de vivienda, cree esencial el papel de los ayuntamientos en los que se levantan los asentamientos.

De ahí que haya requerido información sobre cómo se distribuyen las competencias entre entidades autonómicas y locales para abordar este problema.

También quiere saber si estas administraciones disponen de censos o estadísticas sobre la población chabolista, así como si "respetan las garantías procesales mínimas que deben cumplirse en cualquier desalojo forzoso", según lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Precisamente, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada está elaborando un informe sobre asentamientos informales y derechos humanos y ha pedido la colaboración del Defensor del Pueblo.