Los seis magistrados de la sección primera de la Audiencia de Palma (Rocío Martín, Jaime Tártalo, Samantha Romero, Gemma Robles, Eleonor Moyá y Cristina Díaz), plantearon hace días que ninguno de ellos puede formar parte del tribunal que juzgará el caso Cursach porque hace años que llevan interviniendo a través de los 158 autos que han dictado desde 2014, por mor de los recursos planteados por las defensas de los investigados, que han llegado hasta ellos y que se han visto obligados a resolver.
Aducen, pues, que no pueden juzgar el asunto porque ya han examinado en tantas ocasiones algún aspecto del caso durante su instrucción —que ellos califican de ¨galimatías de instrucción¨, nada menos—, que están contaminados y no serían imparciales.
No es fácil saber si es que no pueden o que realmente no quieren. Contaminados habrán estado muchas veces en otros casos y nunca lo han dicho. Ante un asunto espinoso siempre es mejor pasarle la patata caliente a otros funcionarios. Ya se lo vimos al magistrado Juan Pedro Yllanes, que ante la perspectiva de tener que juzgar a Iñaki Urdangarin y a su esposa, la infanta Cristina, tomó las de Villadiego y se largó a la política donde ha acabado de instalador de placas solares con sueldo de vicepresident del Govern.
Sucede que en este caso, el encargado de despachar la insólita petición de todos los integrantes de la sección primera, es el presidente de la Audiencia Provincial, presidente también de la sección segunda, que habría de comerse el marrón si la solicitud prosperara. Naturalmente, les ha dicho que naranjas de la China. Vamos, hombre, que un escaqueo tan burdo no cuela y menos si ha de colársele a quien tendría que hacer el trabajo sucio que aquellos no quieren afrontar.
Gómez-Reyno les ha dicho que primero constituyan el tribunal, que no serán los seis sino solo tres; y que después sea cada uno de ellos y ellas quienes aleguen los autos concretos que hayan dictado y que les hayan contaminado, que ya se verá si tienen razón caso por caso. No le falta razón al veterano juez, aunque es justo reconocer que son los integrantes de la sección primera los que se han comido el marronazo del caso Cursach, incluyendo la recusación del juez Manuel Penalva.
En conclusión, el caso Cursach se ha convertido en una especie de enfermo de coronavirus que nadie quiere atender, porque todos los que han estado con el paciente han acabado gravemente infectados. Pero está visto que los jueces no son sanitarios. Dónde va usted a parar.