El Constitucional admite el recurso de Sánchez contra la ley balear de Evaluación Ambiental

El recurso se dirige contra una modificación efectuada en julio de 2018 sobre la Ley balear de Evaluación Ambiental de 2016. El Tribunal ha ordenado dar traslado de la demanda y toda la documentación al Congreso de los Diputados, al Senado, al Govern y el Parlament balear para que puedan personarse y formular alegaciones.

El Consejo de Ministros acordó hace un mes presentar este recurso al considerar que la ley autonómica incorpora artículos que "el Gobierno considera que no se ajustan a la Constitución en materia de Medio Ambiente", según explicó la ministra portavoz, Isabel Celaá.

La portavoz argumentó entonces que las comunidades autónomas "no pueden", amparándose en sus competencias "imponer" la obligación al Estado de someter a evaluación ambiental estratégica los programas y planes que ostenta dentro de sus competencias, porque representaría una extralimitación en el ejercicio de las competencias autonómicas.

En este sentido, la representante del Gobierno central remarcó que la redacción de la normativa autonómica no distingue entre los planes y programas de competencia, en este caso insular, de los que corresponden a la competencia Estatal.

BALEARES DEFIENDE SU POSTURA

Por su parte, el Govern defendió que los proyectos estatales deberían someterse a los informes de evaluación y de impacto ambiental de la comunidad autónoma. Tras conocer la interposición del recurso, desde el Ejecutivo liderado por la socialista Francina Armengol expresaron "tranquilidad" y señalaron que la discrepancia se trata de un "problema formal" y de una cuestión "puramente competencial" que "no va al fondo" del asunto.

Igualmente, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de Baleares, Antoni Alorda, insistió en que las comunidades autónomas "tienen las competencias para desplegar normas de protección de medio ambiente". "El Estado sostiene que sólo obedecerán a la ley estatal, y nosotros respondemos que la ley estatal marca un básico y que las autonómicas pueden desplegar normas adicionales de protección a todo el mundo, incluyendo el Estado", detalló Alorda, que pedía "un poco de sensibilidad más autonomista por parte del Gobierno del Estado".

La portavoz del Govern balear, Pilar Costa, ha insistido este jueves en que el Ejecutivo defenderá los intereses de las Islas, después de la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra la Ley de Evaluación Ambiental de la Comunidad.

En este sentido, Costa ha enfatizado que en la etapa de Mariano Rajoy, el Govern tuvo muchas más advertencias de inconstitucionalidad, si bien la mayoría se resolvieron sin llegar a agotar la vía judicial, y ha mantenido que con el anterior Gobierno había casos que desde Baleares veían como "injustificados".

Como ejemplo, la portavoz ha mencionado los "recursos absurdos" respecto a la exigencia catalán presentados por la Delegación del Gobierno, "que luego se retiraron".

Además, la portavoz ha insistido de que, en el caso de la Ley de Evaluación Ambiental, se trata de "un tema técnico" que "no afecta al fondo de la ley" sino a "una cuestión competencial".

El Gobierno central considera que las comunidades autónomas no pueden imponer la obligación al Estado de someter a evaluación ambiental estratégica los programas y planes estatales, porque representaría una extralimitación en el ejercicio de las competencias autonómicas.

"Ahora los tribunales decidirán", ha concluido Costa, que también ha resaltado la "baja incidencia" de advertencias de inconstitucionalidad a las normas de Baleares respecto a otras autonomías.

NEGOCIACIONES FALLIDAS

El Gobierno de Sánchez decidió interponer el recurso tras no alcanzarse un acuerdo en las negociaciones mantenidas con el Govern balear, al amparo del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Las negociaciones para resolver las discrepancias en la interpretación de la norma entre ambas administraciones se iniciaron en diciembre de 2018 con la creación de una Comisión bilateral de cooperación.