El colapso de la jurisdicción social

Por si no fuera bastante el retraso endémico que padece la administración de Justicia como consecuencia de una planta judicial mal dimensionada, cubierta solo parcialmente y sujeta a continuas variaciones en la titularidad de los juzgados, ahora se suma a ello una huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia -los LAJ, antiguos secretarios- que, probablemente con toda la razón del mundo, denuncian el incumplimiento de compromisos por parte del ministerio que encabeza la socialista Pilar Llop.

En Balears el problema es aún más grave. El rechazo permanente del Govern a asumir las competencias en materia de Justicia nos mantiene en el furgón de cola en cuanto a recursos dedicados a satisfacer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Los letrados de oficio son los peor pagados -tarde y mal- de todo el país, un agravio comparativo inaceptable que incide, obviamente, en la calidad del servicio, se diga lo que se diga. Puede afirmarse sin ambages, pues, que, en materia de administración de Justicia, España es, en nuestra comunidad, un auténtico estado fallido.

Pongamos más ejemplos ilustrativos. La Provincia de Málaga, con una población de 1,6 millones de habitantes -frente a los 1,2 de Balears-, cuenta con catorce juzgados de lo social, todos en su capital. Nuestras Islas, en total, tienen en funcionamiento siete, distribuidos en cinco juzgados en Palma, uno en Eivissa y otro en Menorca. La proporción debería ser, en buena lógica, de once, de manera que el déficit -que se concentra sobre todo en la capital -, es, en la comparativa con la ciudad andaluza, de cuatro juzgados. Por tanto, el colapso de nuestra jurisdicción social es completamente lógico.

Añadamos a este insuficiencia de juzgados la permanente rotación de jueces como consecuencia del escaso atractivo económico que ofrece nuestra comunidad, con precios caros y viviendas inasequibles.

Y, como colofón, la parálisis de algunos servicios auxiliares pero esenciales para la jurisdicción social, como es el caso de la Clínica Médico Forense. Si un procedimiento judicial en materia de incapacidades laborales ya se venía prolongando por plazos superiores a un año -dos, si hay recurso de cualquiera de las partes ante el TSJ-, la disminución de facultativos forenses por bajas y jubilaciones no cubiertas está provocando la suspensión en cascada de juicios programados con muchos meses de antelación precisamente por falta del informe médico forense, con lo que el retraso acumula otro año, o quizás incluso más. El justiciable, mientras tanto, puede que haya fallecido. La respuesta de los responsables de dicho servicio es que ellos siguen estrictamente el orden de registro de las peticiones de informes que les remiten los juzgados y que, si se quiere mayor rapidez, los jueces deberían solicitar menos informes. El disparate es descomunal.

La conclusión es la de que no interesa al Estado que la justicia social -ni ningún otro orden- funcione razonablemente bien. Tampoco la CAIB hace absolutamente nada para revertir esa situación asumiendo de una vez por todas -con cuarenta años de retraso- las competencias de Justicia. Es hora de que un nuevo Govern tome, al fin, cartas en el asunto.

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