El cierre de negocios en Magaluf y s'Arenal fue ilegal, injustificado y abusivo

El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) anulando el cierre decretado por el Govern en julio de 2020, de todos los establecimientos de ocio, restauración y comercio de la calle Punta Ballena (Magaluf), y la calle del jamón y la calle de la cerveza en Playa de Palma, pone de manifiesto las graves consecuencias de las decisiones tomadas por el Govern durante la pandemia. Se trata de un defectuoso funcionamiento de la Administración que ocasionó graves perjuicios económicos a empresas y trabajadores, impidiendo su actividad de forma injustificada, mientras otros negocios similares, en calles adyacentes, sí podían abrir y atender a sus clientes.

La responsabilidad de esta negligente actuación del Govern tiene nombres y apellidos: Patricia Gómez (exconsellera de Salud), Iago Negueruela (exconseller de Turismo y Trabajo) y, por encima de todos, la presidenta Francina Armengol. Sus acciones, no tan bien intencionadas como a menudo se asegura, en el contexto de una crisis sanitaria sin precedentes, dejan una estela de damnificados que deberán ser resarcidos.

Los responsables políticos de ese atropello, Patricia Gómez, Iago Negueruela y Francina Armengol, deben asumir su responsabilidad.

Durante los meses más críticos de la pandemia, el Govern del Pacte (PSIB, Més per Mallorca y Unidas Podemos) decidió clausurar todos los establecimientos de restauración, ocio y comercio, en estas zonas turísticas emblemáticas, con el teórico objetivo de frenar la propagación del virus y evitar aglomeraciones peligrosas. Sin embargo, no se previó compensar a estos negocios al impedirles abrir. Estas medidas drásticas, adoptadas según el tribunal sin la debida justificación, tuvieron efectos devastadores. La pérdida de ingresos fue inmediata y profunda, pues la situación se prolongó medio año.

La anulación de las resoluciones del Govern Armengol por parte del TSJIB valida las quejas de los afectados y abre la puerta a reclamaciones millonarias que el Ejecutivo deberá afrontar.

Los responsables políticos de ese atropello, Patricia Gómez, Iago Negueruela y Francina Armengol, deben asumir su responsabilidad. Y no estaría de más una disculpa pública ante un atropello y un abuso gubernamental en toda regla, que la justicia ha anulado.