El caso de Elena Gómez pone en evidencia la desigualdad del sistema de pensiones

El caso de Elena Gómez y su lucha por obtener una pensión de viudedad, revelado por mallorcadiario.com, pone de manifiesto las profundas incoherencias del sistema público de pensiones en España, que no solo presenta problemas de sostenibilidad, sino también de justicia y equidad.

Elena Gómez ha visto rechazada su solicitud pese a haber convivido y mantenido una relación estable durante años, incluyendo hijos en común, con su pareja fallecida por Covid-19. El problema radica en los requisitos legales exigidos para acceder a esta pensión, entre los que se incluye el haber estado casado o inscrito como pareja de hecho con dos años de antelación al fallecimiento. Sin embargo, aunque la realidad social ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, la rigidez normativa y burocrática de la Administración no refleja estas transformaciones.

Es incomprensible que en casos donde se ha demostrado convivencia y dependencia económica, el sistema siga penalizando a personas por la falta de un formalismo legal, pese a la abundancia de pruebas y evidencias de que en realidad, sí se cumplía con los requisitos exigibles.

Es incomprensible que en casos donde se ha demostrado convivencia y dependencia económica, el sistema siga penalizando a personas por la falta de un formalismo legal

Lo más alarmante es que, en situaciones similares, algunas personas sí han conseguido acceder a la pensión de viudedad, lo que deja en evidencia una aplicación inconsistente de las leyes. Esta falta de uniformidad resulta injusta y además genera una sensación de desamparo entre quienes confían en que el sistema de pensiones garantizará su bienestar tras la pérdida de un ser querido.

Además de las debilidades estructurales del sistema de pensiones debido a una demografía desfavorable y una sostenibilidad cuestionable, este tipo de casos pone en tela de juicio la función del Estado como garante de derechos sociales. Si el sistema sigue aplicando criterios tan estrictos y dispares, se fomenta aún más la desigualdad y la frustración entre la ciudadanía.

Es urgente una reforma legal que permita ajustar las leyes a la diversidad de las relaciones afectivas actuales, garantizando que todas las personas, independientemente de su estado civil o formalismos, puedan acceder a una pensión de viudedad cuando corresponda.