El casero es el culpable del precio del alquiler

“Los gobiernos son responsables y los caseros son culpables”, según Valeria Racu, portavoz del sindicato de inquilinos de Madrid, en referencia a los precios del alquiler.

Según la portavoz, los gobiernos son responsables por no haber sacado la vivienda del mercado. Con semejante insensatez se está refiriendo a una gestión pública de las viviendas, es decir, que pasen a ser gestionadas bajo un régimen comunista. Sabemos cómo acaba eso.

Quienes odian la propiedad privada no respetan a quienes, gracias a creer en ella, a base de esfuerzo, han podido adquirir una vivienda y ponerla en alquiler. Para ello han tenido que ahorrar durante años, viviendo por debajo de sus posibilidades, o incluso, han tenido que hipotecarse con el banco.

Imagino que también querrán nacionalizar el pan, los huevos y la leche porque son alimentos básicos.

Ver a los caseros como lobos especuladores es un error. No todos son Blackrock o Blackstone. Según el portal inmobiliario Fotocasa, un 80% de la propiedad de las viviendas es de pequeños propietarios que tienen una o dos viviendas y solo un 10 % de particulares poseen tres inmuebles o más. Culpar a esos pequeños propietarios de los precios es una muestra más de un mensaje torticero de la izquierda radical que busca cabezas de turco en los inversores y emprendedores, obviando que la culpa de los precios es de quien devalúa el poder de la moneda y, en este caso, se ve agravado por quien no construye nuevas viviendas o no fomenta que otros lo hagan.

Ya lo fueron a por Juan Roig de Mercadona y Amancio Ortega de Inditex. Ahora toca ir a por los “avariciosos” caseros.

Que los alquileres sean elevados no es culpa de los caseros. Ellos también compraron a un precio elevado su vivienda porque las políticas que encarecen los alquileres también encarecen la vivienda sobre la que han invertido.

Los precios dependen, sobre todo, de la falta de oferta en aquellos lugares en los que la demanda la excede con creces. La demanda crece en los grandes núcleos urbanos por la inmigración o por la reducción del número de integrantes de los hogares (por separaciones o aumento de los hogares unifamiliares). Por otro lado, la oferta de viviendas, sobre todo la pública, es claramente insuficiente. Apenas se construye.

Según Caixabank Research en su informe “El reto de incrementar la oferta de vivienda asequible en España”, desde el año 2010 el presupuesto público destinado a vivienda es muy escaso. Es el sector privado el que promueve la mayor parte de las viviendas protegidas, habiendo llegado al 76% en 2023.

La acción tiene que venir del gobierno o facilitando la iniciativa privada. Por ejemplo pueden “poner suelo a disposición del mercado para promover viviendas de alquiler asequible mediante concesiones o derechos de superficie, reducir los tiempos administrativos en la concesión de licencias, incrementar la dotación presupuestaria para desplegar políticas públicas de vivienda, facilitar la reconversión de usos (por ejemplo, oficinas en zonas de baja demanda terciaria y alta demanda residencial), aumentar la edificabilidad en zonas de elevada demanda y escasez de suelo, etc”.

También se puede aumentar el número de viviendas sin, necesariamente, consumir grandes cantidades de territorio. Se puede crecer a lo alto en las edificaciones ya existentes con obra o módulos prefabricados, se puede facilitar el uso de viviendas prefabricadas móviles en suelo rústico, etc.

El sindicato de inquilinos, que no ha entendido dónde está el problema va a errar el tiro si va contra los caseros y puede conseguir el efecto contrario del que pretende. Quiere movilizarse contra los caseros y está promoviendo una “huelga de inquilinos” que consiste en una acción coordinada entre todos los inquilinos de España para dejar de pagar los alquileres hasta que los caseros bajen los precios hasta un 30% de sus ingresos, es decir, a la mitad de lo que hoy pagan. El cómo pague luego la hipoteca el propietario al banco no les incumbe, no va con ellos.

Con esta medida, los caseros se van a pesar muy mucho a quién van a alquilar en el futuro y, sin duda, van a pedir mayores garantías para compensar futuras contingencias de ese estilo. Algunos preferirán tener la vivienda vacía que exponerse a semejante chantaje. La oferta de viviendas en alquiler se va a reducir, cuando lo que se necesita es que se incremente.

Según la portavoz del sindicato de inquilinos: No llegan a fin de mes y la mitad de su nómina se va en alquiler.

A la portavoz le diría que el único culpable de esta escalada de precios es el gobierno y no el casero.

Primero, por la devaluación de la moneda y posterior subida de precios de todo, también de los activos como las viviendas. Tras haber inundado la economía de nuevo dinero (deuda) se ha logrado el deterioro de nuestro poder adquisitivo.

Segundo, por no fomentar la oferta de nuevas viviendas ante una presión en aumento de la demanda.

Tercero, por no haber entendido el problema y plantear medidas que provocarán mayor escasez de oferta y mayor presión de la demanda, como es el caso de la limitación de precios de la que están hablando o el regalo de 250 euros mensuales durante dos años a los jóvenes entre 18 y 35 años. Las limitaciones de precios nunca han funcionado en el medio y largo plazo y la entrega de ayudas al alquiler, son un incentivo para incrementar más aún la demanda.

Cuarto, por no bajar los impuestos. Ahora que están en épocas de récord de recaudación podrían hacerlo ¿No bajaron los impuestos de los alimentos básicos para frenar la inflación de los alimentos? Pues que hagan lo mismo con la vivienda ¿O la inflación va por “barrios”? Es justo decir que la Ley de Vivienda de 2023 propone incentivos para facilitar el alquiler, aunque parecen insuficientes.

Con mismo salario de siempre, la inflación y la presión fiscal hacen que los inquilinos no lleguen a final de mes. Ambas son responsabilidad del gobierno.

Los precios han subido mucho más que los salarios y los impuestos directos e indirectos, estatales, autonómicos o locales, pueden llegar fácilmente a la mitad de lo que un trabajador gana. Pero la culpa es del casero.

La mala noticia es que, si no se construyen más viviendas, los precios seguirán subiendo. La buena noticia es que la economía funciona y hablar de generalidades, como la portavoz del sindicato, no es correcto.

Analizando la oferta y la demanda por zonas, podemos ver que no es uniforme por toda la geografía.

Como dice mi amigo Josete, en toda ciudad hay oportunidades en zonas, en principio, no tan atractivas. Zonas no tensionadas, como las llaman ahora. Solo hay que buscarlas. Probablemente sea en barrios periféricos en los que los precios son más bajos porque la demanda es escasa. Casi seguro que no serán tan seguros, estén más degradados o estén más alejados del centro, pero con voluntad de sacrificio, es posible obtener un precio por alquiler más bajo de lo habitual. Con suerte, puede que ese barrio se reconvierta con el tiempo.

Si no les convence, siempre queda la opción de vivir en preciosos lugares donde la demanda es escasa y, por tanto, los precios bajos. En la España vaciada se pueden encontrar oportunidades. Me dirán que esa no es una solución viable. Más lejos se fueron los 3 millones de personas que, tras la Guerra Civil, emigraron a otros países con lenguas y culturas diferentes e incluso, más hostiles. Según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, en la actualidad hay 2,9 millones de españoles por el mundo y no todos se fueron por amor.

La España rural espera inquilinos a precios bajos. Solo falta voluntad para salir adelante y buscar soluciones, pero haberlas, haylas.

Pero la culpa es del casero que se metió en una hipoteca para ofrecer vivienda a sus inquilinos y tiene que cumplir con el pago cada uno de los 300 meses que componen los próximos 25 años. Pero ese no es el problema del sindicato.

Solo falta montar un sindicato de caseros para exigir por contrato, no uno sino cinco meses de fianza, para cubrir riesgos futuros ante la rebelión de los inquilinos.