Cuando el PSOE (casi) estalló y se entregó luego al "sanchismo"

La situación de parálisis política en que se encontraba España desde el inicio de 2016 era debida, en gran parte, a los resultados de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. Cabe recordar que entre 2011 y 2015 el presidente del Gobierno había sido el popular Mariano Rajoy, cuyo partido había contado con mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado a lo largo de ese cuatrienio.

En los citados comicios del 20 de diciembre, el PP volvió a ganar, pero perdió la mayoría absoluta —que en el Congreso es de 176 escaños—, ya que sólo logró 123 diputados. El PSOE quedó en segundo lugar, si bien con 90 diputados, que se convirtió en su peor cifra hasta aquel momento. Estos malos resultados de los dos partidos tradicionalmente mayoritarios en España se debieron a la irrupción en el Congreso de dos nuevas formaciones, Podemos y Ciudadanos. La primera obtuvo entonces 69 diputados —27 de ellos merced a tres coaliciones territoriales— y la segunda consiguió 40 diputados. El debilitamiento del bipartidismo provocó que a partir de entonces hubiera en las Cortes un escenario sin claras mayorías.

A mediados de enero de 2016, el Rey tenía previsto proponer a Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno, al haber sido el PP el partido más votado, pero Rajoy declinó la propuesta del Monarca, al no contar con los apoyos necesarios para garantizar su investidura. En este contexto, a principios de febrero Felipe VI propuso a quien había sido el candidato socialista en las elecciones de diciembre, Pedro Sánchez, que intentase formar Gobierno. Sánchez sólo logró llegar entonces a un pacto con Ciudadanos, que presidía Albert Rivera, al que no se sumaría Podemos, que lideraba Pablo Iglesias. En la sesión de investidura, celebrada en la primera semana de marzo, Sánchez sólo contó con 131 votos a favor —los del PSOE, Cs y CC— y 219 en contra, por lo que no resultó elegido.

En aquellos primeros meses de 2016, Rajoy se mostró siempre partidario de que pudiera formarse una gran coalición, presidida por él y conformada por el PP, el PSOE y Cs, pero estas dos últimas formaciones nunca vieron viable esa opción. "No es no", repetiría Sánchez en diversas ocasiones al referirse a la posibilidad de una gran coalición. Por su parte, Iglesias había abogado en su momento por un acuerdo de gobernabilidad entre Podemos y el PSOE, pero los socialistas habían preferido pactar sólo con Ciudadanos en aquella tesitura concreta.

Tras la fallida investidura de Sánchez, el Rey iniciaría una tercera ronda de consultas, pero tras constatarse que no había ningún posible nuevo candidato capaz de obtener la confianza de la mayoría de la Cámara, se dio por acabada aquella brevísima legislatura y se convocaron elecciones generales para el 26 de junio de 2016. En estos nuevos comicios, el PP volvió a ser el partido más votado y subió en número de escaños, hasta llegar a los 137 en total, mientras que el PSOE continuó en su línea descendente y sólo llegó a los 85 escaños. Por su parte, Unidos Podemos logró 71 diputados y Ciudadanos bajó con respecto a seis meses antes, quedándose en 32 diputados.

Tal como había ocurrido en enero, en julio Don Felipe volvió a proponer a Rajoy como candidato a la investidura, una propuesta que esta vez sí aceptó. Un mes después, el PP y Cs sellaron un acuerdo para que la formación naranja apoyase al candidato popular. Sin embargo, los votos de ambos partidos no fueron suficientes, ya que en la sesión de investidura celebrada el 3 de septiembre Rajoy consiguió 170 'síes' —los del PP Cs y CC— y 180 'noes', incluidos los de todos los diputados del PSOE. Rajoy anunció entonces que volvería a presentarse a otra hipotética nueva sesión de investidura, que se preveía que se celebraría en octubre, tras las elecciones gallegas y vascas del 25 de septiembre.

SIN ACUERDOS

Cabe recordar que Pedro Sánchez había sustituido a Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general del PSOE en julio de 2014, tras haberse impuesto a Eduardo Madina y a José Antonio Pérez Tapias en las primarias socialistas celebradas en aquella fecha, con el voto directo de la militancia. Apenas un año y medio después, Sánchez se enfrentaría por vez primera a Rajoy en unas elecciones generales, las ya citadas del 20 de diciembre de 2015. En el 'cara a cara' televisivo celebrado seis días antes, de una inusitada dureza, Sánchez acusaría a Rajoy de no ser un político decente, lo que provocó una gran indignación en Rajoy.

"Yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del Gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiere representar es enorme, porque el presidente del Gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente, y usted no lo es", afirmó Sánchez en aquel debate, en referencia sobre todo al denominado caso Bárcenas. "Su intervención ha sido ruin, mezquina y deleznable", le replicaría Rajoy, mientras Sánchez repetía que el entonces presidente en funciones no era "un político decente".

El PP se impondría con claridad al PSOE en aquellos comicios y también en los que se celebraron el 26 de junio de 2016, pero los buenos resultados obtenidos por Podemos y por Ciudadanos en ambas elecciones parecían abocar a populares y a socialistas a algún tipo de entendimiento futuro a corto o medio plazo para evitar un posible bloqueo institucional. Ese acercamiento no se produjo, esencialmente por la decisión de Sánchez de no permitir que el PSOE pudiera facilitar por activa o por pasiva la continuidad de Rajoy al frente del Ejecutivo. Así lo anunció el líder socialista en el Comité Federal del 9 de julio. Además, Sánchez había empezado a explorar la posibilidad de que su partido pudiera pactar con Podemos, con Izquierda Unida y con formaciones independentistas para poder ser presidente del Gobierno.

Hasta aquel momento, en España se había aplicado siempre la regla no escrita de que el partido más votado en unas elecciones generales era el que finalmente acababa gobernando, aunque fuese en minoría. Por ello, tras las sucesivas investiduras fallidas de Sánchez y de Rajoy en 2016 en apenas seis meses, los críticos con Sánchez en el seno del PSOE empezaron a mostrarse proclives a que los socialistas se abstuvieran en caso de que Rajoy decidiera volver a presentarse a la investidura en octubre de aquel año. Dicha abstención, de concretarse, permitiría que Rajoy resultase elegido de nuevo presidente del Gobierno y que se desatascase la situación política.

Esa posición no era compartida por la entonces presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol, que se oponía de manera rotunda a una posible abstención del PSOE para facilitar la continuidad de Rajoy. Además, Armengol era partidaria de que Sánchez intentase llegar a un pacto con Podemos para lograr presidir el Ejecutivo, con el apoyo de las formaciones nacionalistas e independentistas. Armengol defendía que un pacto así era posible y ponía como ejemplo el acuerdo de gobernabilidad suscrito en junio de 2015 en Baleares entre el PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos. Este acuerdo posibilitó que Armengol pudiera ser elegida presidenta del Govern, pese a que el PP de José Ramón Bauzá había sido el partido más votado en las elecciones autonómicas celebradas en mayo de aquel año.

Más ambigua era la posición de la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, que consideraba que lo primero que había que hacer era darle "un Gobierno a España" y abrir luego un proceso de "profunda reflexión" en el PSOE. Díaz tenía entonces un gran poder en el partido y, además, formaba parte del sector crítico contra Sánchez, sobre todo después de que este hubiera abierto la puerta a gobernar con partidos independentistas. Uno de los mayores valedores de Díaz era el expresidente del Gobierno Felipe González, que defendía la abstención del PSOE y dejar gobernar a Rajoy.

LA GRAN FRACTURA

La situación se volvió aún más tensa tras las elecciones autonómicas celebradas el 25 de septiembre de 2016 en Galicia y en el País Vasco, en las que el PSOE sufrió una auténtica debacle. Un día después, Sánchez pasó muy de puntillas sobre esos malos resultados, pero reconoció por vez primera que su liderazgo y su proyecto político estaban siendo cuestionados por una parte del partido, en referencia implícita a algunos barones territoriales. En ese contexto, anunció su intención de convocar unas primarias para el 23 de octubre —a las que se presentaría— y un congreso en diciembre para decidir el futuro proyecto ideológico del PSOE.

Ambas propuestas de Sánchez deberían ser votadas en el Comité Federal previsto para el 1 de octubre. Para complicar aún un poco más las cosas, apenas tres días antes, el 28 de septiembre, se produjo un giro de guion inesperado, pues dimitieron 17 miembros de la Ejecutiva Federal, sobre un total de 38 integrantes, con la intención de forzar la disolución de este órgano y la salida inmediata de Sánchez como secretario general, para dar paso a una comisión gestora que dirigiría de manera provisional el partido. Por su parte, Sánchez sólo parecía contar en aquellas fechas con el apoyo del PSC, el PSE-EE y el PSIB.

Entre los dimisionarios se encontraban la presidenta del PSOE, Micaela Navarro; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Los Estatutos del PSOE recogían que la dimisión de la mitad más uno de los integrantes de la Ejecutiva obligaba, en principio, a la celebración de un Comité Federal extraordinario para nombrar una nueva dirección. En aquel momento, la Ejecutiva estaba integrada únicamente por 35 miembros, ya que había habido tres bajas previas que aún no habían sido cubiertas, por lo que los críticos consideraban que les asistía la razón en sus demandas.

El Comité Federal se acabaría celebrando el 1 de octubre, pero en un clima de división absoluta entre oficialistas y críticos. La reunión empezaría a primera hora de la mañana y acabaría a última hora de la noche, con gritos, llantos e insultos en varios momentos por la gran crispación existente. Poco después del mediodía, los dos sectores enfrentados acordaron que se sometiera a votación la idea de Sánchez de que se celebrasen unas primarias y un congreso de forma inmediata. Sánchez quería que la votación fuera secreta y en una urna, pero aceptó in extremis que fuera pública y a mano alzada, tal como deseaban los críticos.

El resultado de la citada votación fue de 107 'síes' a favor de la propuesta de Sánchez y de 132 'noes'. Una vez conocido el resultado, el hasta entonces secretario general del PSOE presentó su dimisión y anunció que sería "leal" a la Comisión Gestora que se costituiría en breve, que dirigiría el entonces presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández. Con posterioridad, el 23 de octubre el Comité Federal celebró una nueva reunión, en la que se aprobó una resolución que defendía la abstención del PSOE para que Rajoy pudiera gobernar y evitar así unas nuevas elecciones. Dicha resolución contó con 139 votos a favor y 96 en contra. Una semana después, Sánchez dejó su escaño en el Congreso, al estar en desacuerdo con esta resolución.

Finalmente, Rajoy resultaría reelegido presidente del Gobierno el 29 de octubre de 2016, en segunda votación de la nueva sesión de investidura celebrada entonces, con 170 votos a favor —los del PP, Cs y CC—, 68 abstenciones —todas de diputados del PSOE— y 111 votos en contra, incluidos los de 15 diputados socialistas que rompieron la disciplina de voto. El PSOE impuso en diciembre de ese año una multa de 600 euros a dichos diputados, entre los que se encontraban los isleños Pere Joan Pons y Sofía Hernanz.

PRIMARIAS Y REGRESO

A principios de 2017, la Comisión Gestora del PSOE propuso la celebración de primarias el 21 de mayo, para elegir al nuevo líder —o a la nueva lideresa— del partido. Se presentaron a dichas primarias Patxi López, Pedro Sánchez y Susana Díaz. Una semana antes de las mismas, Francina Armengol expresó públicamente su apoyo a Sánchez como deseable futuro nuevo secretario general del partido, tras haber defendido hasta poco antes que López era el mejor candidato posible para ponerse al frente de los socialistas, porque era "la persona idónea para unir un partido grande y con capacidad de respeto".

El ganador de las primarias sería Sánchez, con un 50,2 por cien de votos de la militancia, seguido de Díaz, con un 39,9 por cien, y de López, con un 9,8 por cien. Así pues, Sánchez volvía a ser el secretario general del PSOE. La primera decisión que tuvo que tomar tras su regreso fue la de posicionarse sobre la moción de censura que Unidos Podemos presentó contra Rajoy, con Pablo Iglesias como candidato, que se celebraría los días 13 y 14 de junio de 2017. El PSOE optó entonces por la abstención. De ese modo, el resultado final fue de 82 votos a favor de Iglesias, 170 en contra y 97 abstenciones, por lo que la moción de censura no prosperó.

Apenas dos días después, entre el 16 y el 18 de junio, el PSOE celebraría su 39 Congreso, en el que se elegiría una nueva dirección. En aquel cónclave, Sánchez designó a Adriana Lastra como vicesecretaria general y a José Luis Ábalos como secretario de Organización, al ser dos personas de su máxima confianza. Tras el congreso, el PSOE intentó ir restañando poco a poco sus heridas internas, para conseguir ser de nuevo una alternativa al PP, al que seguía atacando con suma dureza. Aun así, ambos partidos decidieron aparcar momentáneamente sus diferencias después de que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hubiera anunciado la celebración de un referéndum para la independencia el 1 de octubre de 2017.

Dicho plebiscito tuvo lugar finalmente, con un 90,1 por cien de 'síes' y una participación del 42 por cien del censo, según los datos ofrecidos por la Generalitat. A partir de ese momento y tras varios requerimientos previos a Puigdemont para que la Generalitat actuase de acuerdo a la Constitución, el Gobierno de Rajoy aprobó el 27 de octubre aplicar el artículo 155 de la Carta Magna, después de que el Parlament catalán hubiera aprobado ese mismo día una resolución que proponía declarar la independencia de Cataluña de manera unilateral.

La decisión de Rajoy contó con el apoyo del PSOE de Sánchez y también de Ciudadanos. La aplicación del artículo 155 de la Constitución implicó el cese de Puigdemont y de su Govern, pero no supuso la suspensión de la autonomía. De hecho, Cataluña celebraría elecciones autonómicas el 21 de diciembre de aquel año, que ganó la candidata de Cs, Inés Arrimadas. Aun así, no pudo sumar los apoyos necesarios para poder acceder a la presidencia de la Generalitat. Tras varias semanas de incertidumbre, el 14 de mayo de 2018 resultaría elegido nuevo presidente de la Generalitat Joaquim Torra, gracias al acuerdo previo alcanzado entre Junts y ERC. Por lo que respecta a la aplicación del artículo 155, decaería el 2 de julio, con la toma de posesión del nuevo Govern.

El tímido acercamiento que había habido en aquellas fechas entre populares y socialistas se frenaría bruscamente, después de que el 25 de mayo de 2018 Sánchez anunciase que presentaría una moción de censura contra Rajoy tras hacerse pública la sentencia del caso Gürtel, que dictaminó que el PP se había lucrado con la citada trama de corrupción. La moción de censura se celebró los días 31 de mayo y 1 de junio, y fue la primera que prosperó en España desde la reinstauración democrática de 1977. Sánchez contó con 180 votos a favor —los del PSOE, UP, ERC, el PDeCAT, el PNV, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias—, 169 en contra —los del PP, Cs, UPN y FA— y la abstención de la diputada de Coalición Canaria.

GOBIERNO DE COALICIÓN

El 2 de junio de 2018, Sánchez prometió su cargo como nuevo presidente del Gobierno y conformó un Ejecutivo socialista monocolor. La iniciativa quizás más recordada de aquel primer gobierno de Sánchez fue la aprobación en febrero de 2019 de la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Y ya no hubo tiempo casi para nada más, pues Sánchez convocaría elecciones para el 28 de abril de aquel mismo año. Tal como vaticinaban todas las encuestas, el PSOE ganó aquellos comicios, con 123 escaños, mientras que el PP —con Pablo Casado como candidato— quedó en segundo lugar, con 66 escaños. En tercera posición se situó Ciudadanos, con 57 diputados, seguido de Unidas Podemos, con 42 representantes. El quinto lugar fue para Vox, que obtuvo 24 escaños y que entró por vez primera en el Congreso.

En la sesión de investidura celebrada el 25 de julio de 2019, Sánchez obtuvo 124 'síes' y 155 'noes', así como 67 abstenciones, correspondientes a todos los partidos que un año antes habían posibilitado con su voto afirmativo que ganase la moción de censura. Ello provocó que Sánchez no pudiera ser reelegido presidente. Para intentar lograr el 'sí' de Iglesias en la investidura, Sánchez había ofrecido a UP una futura vicepresidencia y tres ministerios, pero la formación morada consideró insuficiente esa oferta y se abstuvo. Sánchez convocaría de nuevo elecciones para el 10 de noviembre de aquel año, que supusieron una nueva victoria electoral para el PSOE, con 120 escaños. En esos nuevos comicios, los socialistas sí lograrían un acuerdo con UP, lo que posibilitó la investidura de Sánchez el 7 de enero de 2020.

De este modo, hubo por vez primera un gobierno de coalición en España, conformado por ministros del PSOE y de UP, con Iglesias como vicepresidente segundo. Otra particularidad de este nuevo Ejecutivo era que UP es un partido republicano, si bien todos sus ministros prometieron "lealtad al Rey" cuando accedieron a sus cargos. En aquella legislatura, las decisiones más importantes que tomó Sánchez estuvieron vinculadas a la pandemia del coronavirus, en especial la aprobación de un primer estado de alarma y de un confinamiento general a partir del 14 de marzo de 2020. Ese estado de alarma se mantendría hasta el 21 de junio. Con posterioridad, entre el 9 de noviembre de 2020 y el 9 de mayo de 2021, estuvo vigente en España un segundo estado de alarma.

Desde la oposición, Vox presentó en su momento sendos recursos ante el Tribunal Constitucional por considerar no ajustados a la ley ambos estados de alarma. El Tribunal de Garantías acabaría dando la razón a la formación de Santiago Abascal en los dos casos. Así, el 14 de julio de 2021 este órgano dictó una sentencia en la que consideraba inconstitucional el confinamiento, al entender que para acordar el confinamiento de toda la población es necesario declarar el estado de excepción. El siguiente pronunciamiento del Constitucional tuvo lugar el 27 de octubre de ese mismo año, en un fallo en el que consideró improcedentes varios preceptos del decreto del segundo estado de alarma.

Más allá de la pandemia, otra decisión relevante que tomó aquel Ejecutivo, en concreto el 22 de junio de 2021, fue conceder el indulto a los nueve políticos catalanes condenados a penas de cárcel por el Tribunal Supremo en el denominado juicio del procés. Con posterioridad, en diciembre de 2022, sería aprobada la reforma del Código Penal pactada entre el Gobierno y ERC para la eliminación del delito de sedición. Este acuerdo y otros con las formaciones independentistas implicaron de manera directa o indirecta un desgaste político para el PSOE y UP, tal como se demostraría en las elecciones autonómicas de mayo de 2023, en las que los populares arrebataron a los socialistas casi todo el poder autonómico —también en Baleares— y las grandes ciudades con el apoyo de Vox.

En ese contexto, Sánchez decidió convocar elecciones generales para el 23 de julio de 2023. El ganador de esos comicios fue el PP, con Alberto Núñez Feijóo como candidato, mientras que el PSOE quedó en segundo lugar. Los populares obtuvieron 137 escaños y los socialistas 121 en total. Feijóo se presentó a la investidura a finales de septiembre, pero no resultó elegido. Dos meses después se presentó Sánchez, quien el 16 de noviembre lograría por tercera vez la investidura como presidente del Gobierno, en esta ocasión con 179 votos a favor y 171 en contra. Para poder contar con el apoyo de ERC y de Junts en esta investidura, Sánchez se comprometió a redactar una ley de amnistía, que sería aprobada el pasado mes de junio, con el rechazo de la oposición.

EL CASO KOLDO

Otro motivo de enfrentamiento entre el PSOE, por una parte, y el PP y Vox, por otra, está siendo hasta dónde deberían llegar las responsabilidades por el denominado caso Koldo —por Koldo García—. En este caso, la Audiencia Nacional investiga si este antiguo asesor de José Luis Ábalos cuando era ministro de Fomento habría cobrado comisiones ilegales por sus gestiones ante distintas administraciones para que comprasen mascarillas de una empresa determinada durante la pandemia.

El PSOE se defiende de los reproches del PP y de Vox por el caso Koldo recordando que el pasado mes de febrero ya pidió el acta de diputado a Ábalos y que luego le suspendió de militancia, después de que no renunciase a su escaño. Aun así, todavía se desconocen cuáles podrían ser las posibles consecuencias políticas futuras de esta causa.

Las críticas a Sánchez por parte de la oposición también abarcan otros ámbitos, salvo quizás el económico, ya que España ha sido uno de los países de la eurozona que más ha crecido en este 2024. Dejando al margen el plano de la economía, el PP y Vox acusan al presidente de intentar patrimonializar diversas instituciones y de querer censurar a los medios críticos con su gestión, mientras los socialistas denuncian que ambos partidos les atacan sin pruebas y que determinados medios estarían publicando infundios y bulos sobre la familia de Sánchez.

Por lo que respecta a la valoración de la ciudadanía y de los medios de comunicación sobre la gestión del presidente, parece haber también una división total. La mayoría de editorialistas, de analistas y de votantes conservadores creen ver en Sánchez crecientes tics más o menos autocráticos desde hace ya algún tiempo, una visión que es radicalmente opuesta a la de los medios y los ciudadanos que se definen como progresistas, que ven a Sánchez como garante de las libertades en nuestro país.

La reciente imputación judicial de su esposa, Begoña Gómez, como presunta autora de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, ha tensado aún más la escena política. En esta tesitura, Sánchez publicó el pasado 24 de abril una carta a la ciudadanía en la que anunció que el 29 de abril comunicaría si continuaba o no como presidente del Gobierno, ante la campaña de "acoso y derribo" que, según dijo, estaban sufriendo él y su esposa, una supuesta campaña de la que serían partícipes Feijóo y Abascal, que habrían puesto en marcha "la máquina del fango". Sánchez también criticó en su escrito a la "galaxia digital ultraderechista" y a Manos Limpias, que había presentado la denuncia originaria contra su mujer.

Para alivio de sus muchos seguidores y para disgusto de sus no menos detractores, Sánchez anunció cinco días después que había decidido seguir al frente del Ejecutivo. Desde entonces, la polarización política que viene arrastrando nuestro país desde hace ya muchos meses no sólo no ha bajado, sino que parece ir cada día a más. En cualquier caso, sea cual sea la opinión que se tenga de la trayectoria política de Sánchez desde sus inicios hasta ahora, nadie podrá negar que, como mínimo, su manera de ser y de actuar hace honor de manera íntegra al título de su primer libro, Manual de resistencia, un libro que, en cierta forma, podría ser entendido también como un tratado, un compendio o un breviario del sanchismo.

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