El "annus horribilis" de la infanta

Tras las alusiones hechas por el Rey en su tradicional discurso de Nochebuena sobre “los casos de falta de ejemplaridad en la vida pública”, que afectan al prestigio de la política y las instituciones y provocan desaliento en los ciudadanos, se esconde una gran preocupación como padre, pero también como jefe del Estado y jefe de la Familia Real, por los problemas legales que acucian a su hija menor, la Infanta Cristina.

Desde que en diciembre de 2011 el esposo de doña Cristina, Iñaki Urdangarin, fuera acusado formalmente de corrupción política por el juez José Castro en una pieza separada del caso Palma Arena, las sospechas sobre el papel que hubiera podido jugar la hija del Rey en la presunta trama urdida por Urdangarin y su socio en el instituto Nóos, Diego Torres, ha sobrevolado la causa hasta el punto de que en la fase final de la instrucción el juez acordó citarla a declarar en calidad de imputada. Concretamente, la duquesa de Palma fue citada a declarar el día 27 de abril de este año que termina en los juzgados de Palma. Sin embargo, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach no consideró que hubiese indicios suficientes para sustentar tal medida y presentó un recurso de apelación contra el auto de citación de la Infanta.

Tras una minuciosa instrucción hecha en perfecta coordinación entre el juez Castro y el fiscal Horrach, la imputación de la hija menor del Rey supuso la ruptura de esta unidad de acción. El juez instructor se opuso inicialmente a la imputación de la hija del Rey en repetidas ocasiones porque no había participado en la toma de decisiones a pesar de ser directiva del instituto Nóos y de que su propio secretario personal Carlos García Revenga (tesorero de Nóos) fue citado en enero en calidad de imputado. Sin embargo, tras la aportación de numerosos correos electrónicos hecha por Diego Torres, el juez Castro consideró que convenía “despejar en cualquier de los sentidos, antes de finalizar la instrucción de esta pieza, la incógnita” sobre el conocimiento y participación que tenía la Infanta de las actividades supuestamente ilegales de su marido en el Instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro que le permitió apropiarse de 5,8 millones de euros públicos provenientes de los gobiernos balear y valenciano, ambos en manos del Partido Popular.



El año 2013, así pues, se inició con la citación de Iñaki Urdangarin y de Carlos García Revenga, secretario de las Infantas Elena y Cristina, el día 23 de febrero en Palma. Un año antes, el 25 de febrero de 2012, Urdangarin ya lo había hecho para reivindicar su inocencia y desmarcarse de la gestión y contabilidad del Instituto Nóos, endosándole toda la responsabilidad a su socio Diego Torres, quien contraatacó con una batería de correos electrónicos para demostrar que Urdangarin y García Revenga, secretario de la Infanta, también tomaban decisiones. También a principios de año la Casa Real tomó la decisión de sacar de su página web a Iñaki Urdangarin, coincidiendo con la imposición de una fianza civil conjunta y solidaria de 8,1 millones de euros a Urdangarin y a Torres, que posteriormente la Audiencia Provincial rebajó hasta los 6 millones. Y a principios de febrero el Ayuntamiento de Palma, en manos del PP por mayoría absoluta, decidió retirar las placas de la Rambla de los duques de Palma de Mallorca y cambió el nombre de la calle para que volviera a ser La Rambla, justificando esta medida en la “indignación popular” generada por un correo electrónico de Urdangarin firmando como el duque “emPalmado”.

Tras el recurso que presentó la Fiscalía a la imputación de la Infanta Cristina, la Audiencia Provincial de Palma acordó que no había indicios de criminalidad por parte de Cristina de Borbón, pero sin embargo dejó abierta la puerta al juez Castro para que se continuase la investigación de un posible delito fiscal y blanqueo de capitales, ya que existían indicios de que el yerno del Rey hubiera podido ocultar sus retribuciones a través de la sociedad Aizoon, de la que son propietarios los duques de Palma al 50%.

El magistrado José Castro recogió el guante y ordenó una investigación al respecto, de la que se ha conocido que cuantiosos fondos públicos percibidos por Nóos acabaron en Aizoon para hacer frente a gastos particulares del matrimonio Urdangarin – Borbón, como la reforma del palacete de Pedralbes, domicilio familiar de los duques en Barcelona. Paralelamente, Castro trasladó parte de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia por los indicios delictivos aparecidos en la organización por parte del Instituto Nóos del Valencia Summit, en los que presuntamente estarían implicados el ex presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ambos aforados. Sin embargo, el TSJV apreció indicios de delito pero rechazó que lo cometiesen Camps y Barberá, por lo que retornó la causa al juez Castro. Barberá declaró en calidad de testigo en noviembre y Camps no pudo ser localizado y tendrá que declarar aunque puede hacerlo por escrito.

A mediados del año ocurrió un caso estrambótico cuando un informe de Hacienda aseguró que la Infanta Cristina haber vendido entre 2005 y 2006 13 propiedades inmobiliarias por valor de 1,4 millones de euros. La defensa de la Infanta se apresuró a desmentir el contenido del informe y se generó una agria polémica al respecto. Finalmente la Agencia Tributaria afirmó que se había tratado de un error con el DNI. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desde la tribuna del Congreso de los Diputados pidió disculpas a la Casa del Rey por el error. El extraño episodio le costó el cargo a la directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, quien tuvo que dimitir.

Para rizar el rizo, el sindicato Manos Limpias, personado en la causa como acusación popular, solicitó la imputación del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por los pagos de Madrid 2016 a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, entidad pantalla para ocultar la presencia de Urdangarin tras el veto de la Casa del Rey en marzo de 2006 de las actividades de Urdangarin en Nóos. Finalmente Castro no apreció motivos para imputar a Gallardón.

Doña Cristina decidió poner tierra de por medio y se mudó con sus hijos a Suiza, mientras el juez Castro rastreaba los gastos de la Infanta antes de decidir nuevamente su imputación o no. Se llegó a conocer que la hija del Rey recibió un préstamo de su padre de 1,2 millones para la compra del palacete de Pedralbes. En septiembre se conoció que los duques de Palma ponían a la venta el palacete por 9,8 millones de euros, aunque está embargado por el impago de la fianza civil.

Finalmente, a principios de diciembre el juez Castro solicitó a las partes su opinión antes de tomar una decisión sobre una nueva imputación de la Infanta Cristina. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y de la Comunidad Autónoma se han opuesto, así como todas las defensas. Sin embargo Manos Limpias ha vuelto a pedir su imputación por delito fiscal y blanqueo de dinero.

La decisión está próxima, previsiblemente después de las fiestas de Navidad. Una vez más, el juez Castro tendrá la última palabra.