Así, solo el 21.4 por ciento se muestran contrarios a esta medida que ha puesto encima de la mesa el Gobierno central para "proteger los derechos de los trabjadores" y acabar con el fraude en las horas extra.
Según el Gobierno, con esta medida se facilitaría que cada trabajador recibiera mensualmente un informe de sus horas ordinarias y extraordinarias trabajadas, así como los representantes sindicales.
La propuesta de Trabajo es que la empresa guarde esta información durante cuatro años. "Es algo fundamental para poder controlar la contratación a tiempo parcial", afirma Unai Sordo, secretario general de CCOO.
Sin embargo, en Baleares no ha sido bien recibido en todos los sectores. Desde PIMEM, por ejemplo, creen que la implementación de un control de horas estricto es una herramienta"de presión para las pymes” y sus representantes vislumbran "serias dudas" ante esta medida. En una nota de prensa indican que "el fraude y la evasión con horas extra no se soluciona exclusivamente con métodos de control de horarios”.
Desde PIMEM se muestran “muy reticentes” ante la posible aprobación, a través de un decreto, que establecería un registro obligatorio de la jornada laboral. Para el Comité de la organización empresarial dicha medida “parece ser más un elemento recaudatorio que un elemento de apoyo a los trabajadores”. De hecho, el presidente de la patronal, Jordi Mora, ha asegurado que “es un error tildar a esta medida como una generadora de puestos de trabajos en las pymes. Parece más una medida que se puede utilizar para aumentar los ingresos de las arcas de la Seguridad Social”.
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