Intervencionistas y turismofóbicos antes que gestores de servicios

Los mismos partidos que más se han pronunciado en contra del turismo en Baleares proponen ahora que la ecotasa que pagan los turistas se incremente el próximo año. Més y Podemos quieren que el Impuesto de Estancias Turísticas (IET) aumente para 2023 con el objetivo de frenar la llegada de turistas que tanto han criticado esta temporada alta. Son los mismos partidos que rechazan la promoción turística -con la aquiescencia del PSOE- pero que no renuncian a recaudar cuanto más dinero mejor para financiar los proyectos más dispares.

Si cuando se recuperó en 2016 la ecotasa iba destinada exclusivamente a proyectos medioambientales, ahora -y tras el giro que supuso que durante el Covid se emplearan estos fondos para las urgencias generadas por la pandemia- su recaudación se emplea prácticamente como una línea de financiación ordinaria del Govern para todo tipo de proyectos, desde vivienda a investigación, y sin que el sector directamente implicado pueda incidir en su selección.

Este impuesto es abonado por todos los turistas que se alojan en los establecimientos legalizados de las Islas con importes que van desde los cuatro euros por viajero y noche en los hoteles de mayor categoría, a los dos euros para las viviendas turísticas, hoteles de menos estrellas y cruceros, y un euro por noche para los albergues y hostales. Hay descuentos en función de la temporada o según la duración de la estancia. La recaudación corre a cargo de los empresarios, que deben rendir cuentas ante la Agencia Tributaria de las Islas Baleares.

De todo este entramado queda fuera la creciente oferta ilegal de viviendas vacacionales no reguladas, cuyo número se ha disparado en los últimos años y que son la principal causa de la masificación turística que tanto ha dado que hablar esta temporada alta. Una oferta ilegal sobre la que Més y Podemos apenas han levantado la voz, quizá porque ellos, desde las instituciones, también son responsables de la escasa labor inspectora que se produce en torno a este asunto.

Desde su punto de vista, es más cómodo frenar la llegada de turistas interviniendo sobre quienes tienen legalizados todos sus negocios -y no tienen margen para eludir las caprichosas disposiciones gubernamentales- que gestionar la eficiencia de las infraestructuras y servicios públicos o enviar inspectores que hagan cumplir la ley. Muestran así un ansia intervencionista y una turismofobia selectiva que se suma a la aplicación de un impuesto tremendamente controvertido y a la dudosa capacidad de gestión política tan criticada por el sector.

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