El PP confía en que no será necesario aprobar nuevas prórrogas en el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley Antidesahucios y a la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago retroactiva, después de que este jueves se volviera a retrasar la fecha tope hasta el día 26 de marzo, pero recuerda que estos aplazamientos han sido necesarios para poder adaptar la nueva norma al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En declaraciones a Europa Press, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha explicado que esta última prórroga se solicitó para tener más tiempo a la hora de estudiar las enmiendas que serán necesarias para adaptar la futura ley a la sentencia, que "es de obligado cumplimiento".
Y es que después de que el Tribunal de Luxemburgo sentenciara que la Ley Hipotecaria española es contraria a la normativa comunitaria de defensa del consumidor, es necesario introducir modificaciones (posiblemente también en la Ley de Enjuiciamiento Civil) que den potestad al juez para decretar medidas cautelares hasta determinar si el contrato hipotecario incluye cláusulas abusivas.
Esto conlleva cambios técnicos en la reglamentación de los procedimientos de 'incidencia', lo que requiere del dictamen tanto del Ministerio de Economía como del de Justicia, que deberá revisar las propuestas de modificación que se planteen antes de darles luz verde.
Al margen de cómo se planteen estos cambios, lo que sí se sabe ya es que el PP propondrá otras mejoras de la normativa, como limitar los intereses de demora a un máximo de tres veces el precio del dinero (actualmente, un 12% aproximadamente), elevar de uno a tres los impagos necesarios para poder solicitar la ejecución, o mejorar la independencia de las entidades tasadoras.
DIFERENCIAS SUSTANCIALES
En cualquier caso, a juicio de Bermúdez de Castro, los cuatro días de más con que cuentan los grupos es un plazo "suficiente" para ultimar las enmiendas, por lo que confía en que el martes se cierre definitivamente esta parte del procedimiento parlamentario para que, tras la Semana Santa, se pueda reunir la Ponencia, que tramitará el proyecto de ley y la ILP conjuntamente.
No obstante, aún no está claro el procedimiento que se seguirá para fusionar ambos textos, contradictorios en algunos asuntos como el relativo a la dación en pago. Y es que los promotores de la iniciativa popular exigen que se acepte esta opción para saldar la totalidad de la deuda a cambio de la vivienda con carácter general y retroactivo, una posibilidad que los 'populares' rechazan.
Así las cosas, el proyecto de ley debería quedar aprobado por la Comisión de Economía -que tiene competencia legislativa plena en este asunto- a lo largo del mes de abril. Posteriormente el texto será remitido al Senado que, si introduce nuevas modificaciones, lo enviará nuevamente a la Cámara baja para su aprobación definitiva.