Disculpas al abogado Tugores

El inspector de la Policía Local Jaime Pla ha pedido disculpas al abogado Antonio Tugores por una detención que padeció este letrado el año 2008 que era del todo injustificada. Se restituye así la honorabilidad del abogado, que ha aceptado las excusas presentadas. No se trata, ni mucho menos, de un caso aislado en esta Mallorca que ha vivido escándalos de toda clase y condición en los últimos tiempos.

Quiérase o no, una detención o una imputación más tarde retirada causa un grave daño moral a la persona afectada, ya que el estigma de que en un momento de su vida tuvo problemas con las fuerzas del orden o la justicia puede acompañarle durante toda su vida. Estamos viviendo casos de personas absolutamente inocentes que son señaladas porque este motivo, a causa de unos hechos puntuales ya superados o en vías de superación. Incluso hay cargos públicos en esta situación. No parece justo. Si una detención o una imputación finalmente acaban en nada, los poderes del Estado deberían articular fórmulas que implicasen la restitución plena y pública del honor.

En el caso de Tugores, el inspector Pla ha pedido disculpas. Pero ésta es la excepción que confirma la regla de una larga lista de ciudadanos que han pasado por auténticos calvarios para, al final, ser declarados no culpables sin que nadie les limpie una imagen que puede quedar manchada para siempre. En algún caso se han producido condenas en primera instancia que luego se han convertido en declaraciones de inocencia por parte del Tribunal Supremo. Es mucho padecimiento.

Por mucho que se intente afirmar que una detención no es más que un trámite dentro de una investigación y que una imputación es sólo una garantía, la realidad es muy diferente. En la práctica y de cara a los ciudadanos, parecen precondenas que el afectado paga muy caras pase lo que pase después en sus relaciones sociales, laborales e incluso familiares.

Ante esta evidencia, cabe tener siempre muy presente que el honor de las personas es sagrado en un sistema democrático y de convivencia. Y que cuando este honor es lesionado corresponde a los poderes públicos volver a sanarlo en nombre del Estado de Derecho.