Dimisiones sí o sí

La reacción de la ministra Irene Montero ante los efectos que está provocando la aplicación de la ley del "sí es sí" -con reducciones de pena a condenados por agresiones sexuales y puestas en libertad en algunos casos- está totalmente fuera de sitio, demuestra una arrogancia sin límites y no ayuda a solucionar los problemas que el nuevo texto legal está provocando.

Su crítica a los jueces como únicos responsables del aluvión de revisiones a la baja que ya ha empezado a producirse, con descalificaciones sobre el "machismo" de la judicatura y descartando cualquier nueva modificación del texto legal ya vigente, empeoran una situación. Montero se ha quedado sola en esta reacción, a excepción de su círculo más personal. Ni siquiera en su partido ha encontrado pleno apoyo, desde Yolanda Díaz -que no ha querido pronunciarse sobre la polémica- a Juan Pedro Ylanes, vicepresidente balear y juez en excedencia, que ha calificado de "temeraria" la postura de Montero.

La situación pone de manifiesto la absoluta torpeza que supusieron las prisas para aprobar una ley que, acertadamente, ponía el consentimiento en el centro del problema -dadas los casos de agresiones del que eran objeto mujeres inconscientes, desmayadas o privadas de su voluntad mediante drogas y que en el mejor de los casos se resolvían como abusos-, pero que a todas luces se saldó con grandes deficiencias legales. Atrincherarse como ha hecho Montero -y su compañera Victoria Rosell- desacreditando a los jueces es un error que debería tener consecuencias.

El lío en el que Montero y su grupo han metido a la justicia es de tal gravedad que no debería salir gratis, por mucho que los más pragmáticos confíen ahora en que el Supremo acabe fijando una doctrina que reconduzca el asunto, algo que no será inmediato. No sólo es necesaria una autocrítica -exigible a todo el Gobierno que apoyó la ley pese a las advertencias de expertos- sino que es imprescindible que la principal responsable del problema asuma los errores y actúe en consecuencia poniendo su cargo a disposición de Pedro Sánchez. Si la tormenta sigue creciendo, con un goteo de reducciones de condena diseminadas por todo el país, los diques de contención serán más difíciles de mantener y ni siquiera el complejo equilibrio interno en el que se sustenta el Gobierno de coalición será razón para que Montero siga en su cargo.

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