Diego Torres defiende la legalidad de los foros de Balears

El exvicepresidente del Instituto Nóos, Diego Torres, cuyo interrogatorio como acusado en el juicio del caso Nóos se ha reanudado este miércoles, ha defendido la legalidad de los convenios para la celebración de los denominados Illes Balears Forum en 2005 y 2006, por los que la entidad percibió de forma presuntamente irregular hasta 2,3 millones de euros, y ha subrayado que había supervisiones "muy intensas" a varios niveles de los eventos. "Cada quince días se revisaban cosas o se enviaban informes", ha señalado.

El inculpado, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama 16 años y medio de cárcel, ha justificado la utilidad de los foros y ha subrayado que "no podía haber habido mayor grado de supervisión. Mejor no se podía haber hecho". "Las mentiras que hemos escuchado al respecto son alucinantes", ha incidido, recriminando incluso que el Instituto "ni siquiera facturó la cifra total pactada" en los convenios para la celebración de los foros.

De hecho, ha recordado que, después de que a principios de 2006 el parlamentario socialista Antoni Diéguez llamase la atención, por primera vez, sobre supuestas irregularidades en la realización de los foros, tuvo una reunión con el exdirector general de Deportes del Govern José Luis 'Pepote' Ballester, quien le comunicó que el Ejecutivo no abonaría las facturas pendientes porque así la oposición "no tendría de qué quejarse".

Torres ha apuntado a la indignación que le produjo esta respuesta ya que "habíamos cumplido con todo lo que se nos había pedido. ¿Por qué tenía que retrasarse el pago? Todo esto demuestra que es mentira que no se hubiera hecho el trabajo".

"NO HUBO IRREGULARIDADES EN LA FACTURACIÓN CRUZADA"

Torres ha negado que existan irregularidades en la facturación cruzada por más de ocho millones de euros entre las empresas de la trama Nóos, que según la Fiscalía Anticorrupción iba dirigida a camuflar trabajos supuestamente ficticios mientras que el acusado ha defendido que se debía a que había proyectos que implicaban a empleados de varias de las sociedades.

"Creo que no es ilegal ni hay nada malo en ello, creo que es lo que hay que hacer", ha espetado el inculpado, quien ha manifestado que "esa complejidad, aunque sea compleja, es necesaria". No obstante, ha apuntado que en 2008 empezó a concentrar los proyectos en una sola sociedad puesto que la presencia de varias mercantiles "complicaba las cosas". "Por lo visto soy culpable de haber creado muchas empresas", ha espetado.

Torres se ha expresado en estos términos a preguntas de la abogada del Estado Dolores Ripoll, quien le ha interrogado sobre el contenido de un informe de la Agencia Tributaria que eleva a más de ocho millones el importe de las facturas que se cruzaron dentro del entramado liderado por el acusado y por Iñaki Urdangarin, una cantidad que Torres ha calificado de "excesiva".

En concreto, Hacienda precisa que en 2004 la facturación que se efectuó entre las propias empresas por trabajos supuestamente ficticios ascendió a 1,4 millones, mientras que en 2005 fue de 2,1 millones, en 2006 de 2,2, en 2007 de 1,7 y en 2008 de 412.225 euros.

El dictamen, incluido en el sumario del caso, destaca cómo "con mucha frecuencia" las facturas se emitían bajo conceptos "extremadamente genéricos o imprecisos", la mayoría de ellas tenían importes "redondos" al tiempo que se han verificado, además, duplicidades respecto a proveedores externos del conglomerado empresarial, "incongruencias" así como "casos notorios de inexistencia del servicio pretendidamente prestado y, en el extremo, de falsificación material de la propia factura".

Es más, el fisco señala que las entidades que integraban el grupo devienen "meros instrumentos para drenar y distribuir los recursos obtenidos por medio de la marca Nóos entre sus dos propietarios y dirigentes, los imputados señores Torres y Urdangarin". De hecho, la AEAT llega a aludir a la trama como un "puro andamiaje jurídico formal".

Torres ha insistido en que cada una de las mercantiles tenía una función delimitada aunque "a veces los clientes te llevaban a cambios. Una sociedad facturaba a un cliente aunque hayan intervenido trabajadores de otra sociedad".

En un tenso interrogatorio, que se ha reanudado pasadas las 16.00 horas, el abogado de Torres, Manuel González Peeters, ha formulado protesta al considerar que las preguntas de la abogada exceden de las acusaciones que efectúa en su escrito de calificación contra el acusado por presunto fraude fiscal.