Detenidas las dueñas de dos restaurantes y una encargada por explotar a trabajadores

Con las detenciones de tres mujeres de origen sudamericano, de 19, 48 y 68 años, como presuntas autoras de delitos de falsedad documental, amenazas y contra el derecho de los trabajadores, la Policía Nacional da por concluida la llamada operación “Parrilla”, ha informado la Jefatura de Baleares en un comunicado.

La investigación empezó en enero, cuando la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana recibió una llamada desde un restaurante en Palma, donde había un enfrentamiento entre la encargada y una trabajadora por el impago de su sueldo.

Tras varias averiguaciones y dado que la trabajadora informó de que estaba haciendo jornadas diarias de 12 horas, los agentes alertaron al Grupo I la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

Los agentes hallaron indicios racionales de la comisión de un delito de falsedad documental y de delito contra el derecho de los trabajadores, por lo que iniciaron una operación policial.

En la investigación descubrieron que una empresaria con dos restaurantes en Palma daba empleo a trabajadores que se encontraban residiendo en España de manera ilegal, sin permiso de residencia ni trabajo, y les hacía trabajar 12 horas diarias sin el descanso estipulado por ley.

Debido a su situación de vulnerabilidad y necesidad y con falsas promesas de legalizar su situación en España, se vieron obligados a trabajar sin contrato laboral, sin alta en la Seguridad Social y sin protección sociosanitaria o laboral. Incluso una de las trabajadoras recibió amenazas en el caso de que denunciara los hechos.

A una de las empleadas que trabajaba en esta situación, le facilitaron el DNI de una de las empresarias, para que lo mostrara a la Policía si se producía alguna inspección o había algún problema, ya que tenían similitudes físicas y podían llegar a parecer la misma persona.

Por todo ello, los agentes han detenido a dos dueñas y una encargada de los locales por falsedad documental, amenazas y delito contra el derecho de los trabajadores.