Destitución discrecional

El ministro del interior, Grande Marlaska, destituyó ayer de modo fulminante al coronel Diego Pérez de los Cobos de su puesto de jefe de la Guardia Civil en Madrid. El motivo alegado por el ministerio es el de pérdida de confianza, excusa habitual aducida cuando no se desea dar más explicaciones para la remoción de un cargo de nombramiento directo, ya que, puesto que la confianza de aquel de quien depende el cargo es un requisito indispensable para su ejercicio, la pérdida de la misma resulta explicación suficiente para justificar el despido.

La justificación no es rebatible desde una perspectiva de estricta formalidad, pero es pobre e insuficiente en una sociedad democrática, en la que se supone que los gobernantes y funcionarios públicos deben actuar con transparencia y dar a los ciudadanos explicaciones veraces y suficientes de los motivos y naturaleza de sus decisiones.

Según las noticias aparecidas en los medios de comunicación, el motivo de la destitución sería la elaboración de unos informes sobre las posibles responsabilidades del delegado del gobierno en la comunidad de Madrid y del Dr. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en la expansión de la epidemia de la covid-19.

Según las informaciones periodísticas, dichos informes contendrían graves acusaciones contra ambos funcionarios, incluyendo la de haber cometido delitos, con motivo de haber autorizado diversas manifestaciones y eventos multitudinarios en los días previos al decreto del estado de alerta. Dichos informes se habrían realizado a requerimiento de la jueza instructora de una causa iniciada por la denuncia particular de un abogado contra la delegación del gobierno en Madrid.

Dichos informes contienen, al parecer, un importante componente de opinión contra los referidos cargos públicos, que irían más allá de la simple exposición de hechos y pruebas hallados durante la investigación y serían la causa de la decisión del ministro de destituir al coronel Pérez de los Cobos.

No es la primera vez que surge este aspecto creativo en los informes policiales, especialmente de la Guardia Civil y del coronel Pérez de los Cobos en concreto. A un lego en cuestiones policiales y judiciales como yo, pero de acuerdo con lo que se podría considerar un no desencaminado sentido común, parecería lógico que los informes policiales fueran asépticos y se limitasen a exponer los hechos investigados y las pruebas encontradas, sin añadir opiniones ni valoraciones, que probablemente correspondan a otras instancias y a otros funcionarios.

Sin embargo, suele ocurrir que muchos informes policiales parecen más enfocados a encajar los supuestos hechos en delitos, de acuerdo con una probable concepción previa de los mismos, que a un relato objetivo y aséptico, y parece que el coronel Pérez de los Cobos es particularmente proclive a verter opiniones particulares en el relato de sus informes.

En las causas contra los líderes independentistas catalanes y contra el mayor Trapero, de los Mossos d’Esquadra, los abogados defensores ya pusieron de manifiesto en repetidas ocasiones la posible falta objetividad de los informes suministrados por el coronel, y también se hizo bastante evidente para todo aquel que haya seguido sus declaraciones en ambos procesos. En esas ocasiones, sin embargo, no mereció ningún tipo de reconvención por parte del ministro ni del gobierno; al contrario, fue ascendido y premiado con uno de los mejores destinos posibles, aquel del que ahora ha sido depuesto.

Y ahora ha sido apartado, según las fuentes periodísticas, solo porque sus creativos informes perjudicaban a dos cargos importantes de la actual administración central del estado español. Si esa es la razón, deberían dar cumplidas explicaciones acerca de porqué antes eran aceptables, incluso loables, y ahora son indignos de confianza.

Pero, con toda probabilidad, la única explicación que conseguiremos es que la destitución, como el nombramiento, es discrecional.