El escándalo ha llegado a Porto Pi Centro. Cort ha aplicado la ley y ha prohibido los tenderetes que se ubicaban desde hace 18 años en los pasillos de este espacio comercial. Los inspectores municipales han actuado a raíz de la denuncia presentada por un comercio situado en espacio reglado.
Los comerciantes irregulares han optado por desmontar sus negocios ante la amenaza de una fuerte sanción. Pero lo hilarante del caso es que durante todos estos lustros han trabajado bajo contrato firmado con la propiedad del Porto Pi Center, pagando religiosamente sus alquileres que en total suman 600.ooo euros al año, y bajo una amenazante cláusula que les decía que si había denuncias era responsabilidad suya.
¿Dónde está la seguridad jurídica en todo este turbulento asunto? Cort ha aplicado la letra de la ley al emprenderla contra los negocios. Pero nada ha hecho, que se sepa, para investigar a fondo la relación contractual y la posición de prepotencia por parte de la empresa propietaria del inmueble, que ha conseguido pingües beneficios durante tantos años. Sin embargo, la amenaza de sanción sólo ha pesado sobre los comerciantes, para los que no ha existido al final ninguna compensación por los derechos adquiridos durante tanto tiempo.
Siempre ocurre lo mismo en lances de esta suerte. Acaban pagando los débiles. Ya se sabe que Cort no acostumbra a actuar de oficio. Si los funcionarios municipales hubieran cumplido con su deber hace lustros y hubieran prohibido estos negocios, ahora no se viviría tanto dolor ni tanta desilusión. Los propios comerciantes afectados habrían buscado en su día otros lugares para ubicar sus ofertas de cara al público. Actuar al cabo de tanto tiempo por la denuncia de un particular y cuando los comercios ya estaban consolidados después de tanto empeño invertido suena a apaño legal muy difícil de digerir y que puede tener consecuencias jurídicas importantes para todos los actores implicados.
