Des cuento

En el informe anual que el Defensor del Pueblo presentó ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, Francisco Fernández Marugán defendió que “el transporte, las comunicaciones, la electricidad, el suministro de agua son servicios esenciales para el desarrollo de una vida digna en la sociedad actual y todos los ciudadanos tienen derecho a su recepción en condiciones de calidad con independencia de su lugar de residencia”. También, dentro de la política de cohesión social, política y económica de todas las regiones europeas, el Tratado de Lisboa especifica que se desarrollará una “especial atención a zonas que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como las regiones con una escasa densidad de población y regiones insulares, transfronterizas o de montaña”. Si difícil cuesta entender por qué el descuento para viajar a los residentes extrapeninsulares ha sido cuantificado aleatoriamente en el 35%, 50% o próximamente el 75% y no en el 66% (por ejemplo), más complicado resulta comprender la razón por la que no hay una bonificación sobre el resto de servicios esenciales cuando, por efecto de la insularidad, pagamos un sobrecoste.

El debate sobre el alcance y oportunidad de los descuentos al billete aéreo y marítimo viene de lejos. Si la falsificación de certificados se aproximó a los 4.000 casos y el fraude superó los 50 millones de euros, también surgieron voces críticas por la aplicación del descuento en desplazamientos a todo el territorio nacional y no sobre el punto peninsular más próximo al origen, para evitar un agravio comparativo, en oposición a quienes solicitaban que se ampliara el descuento a las conexiones con otros medios de transporte. Una controversia que no se acabará de resolver con el paulatino incremento de los presupuestos públicos para este fin. El Estado viene abonando a las compañías aéreas un progresivo incremento, que para las operaciones con Baleares ha supuesto el año pasado alrededor de 150 millones de euros. El aumento del porcentaje de descuento en los vuelos interislas ha propiciado un alza del 30% en los viajes, por lo que alcanzaría los 50 millones más de gasto público añadido su extrapolación al resto de billetes con la península y las otras islas o capitales autónomas. Cifras que se desvirtuarán, si las empresas aeronáuticas aprovechan el alza del coste de los carburantes para disparar sus tarifas, especialmente para los territorios subvencionados.

La fijación de un precio máximo o un billete común chocaron con los criterios de libre competencia comunitarios, incluso exonerar al residente balear, canario, ceutí o melillense del abono de tasas aeroportuarias tampoco hubiera sido la solución óptima, por lo que solo nos queda confiar en la contención de las líneas aéreas para evitar que este descuento sea absorbido por su avaricia. Una esperanza menos probable de cumplir que la disposición del Gobierno de turno, que fía su ejecución a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y cuya sostenibilidad preocupa al Govern, como si Moncloa hubiera sido leal con sus acuerdos en los diferentes REB aprobados hasta ahora.

A falta de que mercancías, vehículos y mascotas también reciban el mismo tratamiento que las personas, en coherencia con el espíritu del subsidio, y de que este porcentaje entre en vigor, aún quedará lejos la equiparación de los territorios extrapeninsulares con las otras regiones españolas, aunque el caramelo del descuento acordado resulte goloso. Aunque algunos confundan las inversiones en infraestructuras con el gasto corriente, que nos compensa el coste del transporte solo a quienes viajamos y no al conjunto de la ciudadanía, como tampoco por la falacia de las descompensadas balanzas fiscales, deberemos seguir reclamando que la cohesión interterritorial sea una realidad en un país perteneciente a la Unión Europea y a la que vuelve a prestar atención el Gobierno Central, no porque está concienciado de esa necesidad, sino como contraprestación por un apoyo parlamentario adquirido a golpe de talonario.