Demasiadas irregularidades en la gestión de la renta social

La auditoría que la actual Conselleria de Familia y Asuntos Sociales ha realizado sobre la gestión de la Renta Social Garantizada (Resoga) durante la pasada legislatura ha desvelado graves irregularidades. Entre los datos revelados por esta auditoría, hechos públicos por la consellera Cirer, destaca que un 20 por ciento de los que se beneficiaron de este subsidio sólo en 2023 aparecieron también como dados alta en la Seguridad Social -estaban trabajando y no habían comunicado al órgano competente el alta laboral- o que 500 de los 3.300 beneficiados se dieron de baja en pocas semanas tras las elecciones de mayo que supusieron la salida de Francina Armengol del ejecutivo autonómico.

Este último dato fue el que provocó la alarma en los nuevos gestores autonómicos y llevó a una revisión del funcionamiento del sistema por el que se gestiona la concesión de esta ayuda a personas en riesgo de exclusión y que no tienen derecho a percibir el Ingreso Mínimo Vital estatal.

Los incumplimientos de la normativa que regula estas ayudas durante la legislatura anterior vendrían acompañados por una notable falta de control administrativo, ya que hasta junio -pasadas las elecciones- no se cruzaron los datos de los beneficiarios del Resoga con los registros de la Seguridad Social. Una vez se hizo este cruce de datos, se descubrió que en ese momento un 14,7 por ciento de los perceptores estaban dados de alta como trabajadores y, por lo tanto, no tenían derecho a la Resoga. Tampoco se cumplió el preceptivo cruce de datos con los padrones municipales.

Esta revisión ha hecho aflorar el cobro indebido de unos 400.000 euros cada mes, según la estimación de los auditores. En el conjunto de 2023, incluyendo una paga extra, la administración autonómica abonó 29,9 millones de euros por este concepto.

Los gestores públicos tienen la obligación de velar por el correcto cumplimiento del sistema. La reestructuración del departamento que dirige Catalina Cirer debe ir en este sentido, garantizando la mejora de la gestión y la máxima transparencia del procedimiento, sin perder de vista que la ayuda debe beneficiar únicamente a aquellos para los que ha sido diseñada. Todo ello, despejando cualquier sospecha de oportunismo político y requiriendo, si procede, la devolución de las cantidades percibidas de forma indebida.