Aprobado por decreto ley reducir la temporalidad en la administración pública

La iniciativa ha salido adelante por los votos a favor de PSIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos y el diputado del Grupo Mixto-Gent per Formentera, Antonio Sanz. En contra, han votado los diputados de Cs y El PI, mientras que PP y Més per Menorca se han abstenido.

En la defensa de la iniciativa, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha agradecido la colaboración y el diálogo con los sindicatos, consells insulares, 49 ayuntamientos y la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) en lo acordado en este decreto ley de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de Baleares.

El decreto ley fue aprobado en sesión del Consell de Govern el pasado 13 de junio y explicado por la consellera, también, en Comisión parlamentaria la pasada semana. El objetivo de esta norma es, en primer lugar, responder a la exigencia derivada de las sentencias del Tribunal Europeo, así como cumplir con el compromiso de la Comisión Europea de aprobar las reformas estructurales en el ámbito del empleo público en el primer trimestre de 2021.

El fin del Ejecutivo balear es reducir la temporalidad por debajo del 8% y en algunos casos, como en servicios generales de la comunidad, hasta el 0%. En concreto, se estabilizarán más de 10.000 plazas entre salud, educación y servicios generales.

"Lo cumpliremos en tiempo y forma, y en algunos casos llegaremos al 0%. Es un objetivo que se puede cumplir", ha dicho la consellera en su exposición, a la vez que ha subrayado que tanto Govern como agentes sociales debían asumir el reto de llegar a un acuerdo para desarrollar este decreto ley.

Según Garrido, "la realidad es la de un constante abuso de la temporalidad en la administración pública". Por lo tanto, ha añadido, "el compromiso del Govern es poner fin al proceso de estabilización el 31 de diciembre de 2022".

Después de pedir el apoyo de los Grupos Parlamentarios y elogiar el diálogo "constante" para que "no se vuelvan a dar situaciones de abuso de temporalidad", la consellera de Función Pública ha aclarado que el catalán sigue siendo un requisito para quienes quieren acceder a la administración pública en Baleares.

Sin embargo, ha concretado que el decreto ley reconoce una moratoria de dos años para acreditar el nivel de catalán si quieren conservar su puesto de trabajo. "Nadie trabajará en la administración pública en Baleares si no tiene el nivel de catalán", ha aseverado.

Una afirmación rechazada por el portavoz de El PI-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, quien en sus argumentos para justificar que votarán en contra de la norma ha explicado que el catalán puede provocar que algunos trabajadores pierdan su plaza. "Si creemos que el catalán debe ser un requisito, deben demostrarlo con hechos", ha afirmado.

Incluso Melià ha afeado a otros Grupos Parlamentarios, como MÉS per Mallorca, su posición de apoyo a la norma por la consideración de la moratoria del catalán. "Ustedes van en contra absolutamente de lo que predican porque esta norma genera una inseguridad grandísima en los trabajadores", ha afirmado.

En esta línea, el diputado del Grupo Mixto-Més per Menorca Josep Castells ha indicado que se abstendrán en la votación porque no les agrada la excepción extraordinaria del catalán y el diputado del Grupo Mixto-Gent per Formentera, Antonio Sanz, ha considerado que si los usuarios tienen derecho a ser atendidos en catalán, se deben buscar soluciones "como moratorias".

Por su parte, la coordinadora autonómica de Ciudadanos y portavoz del Grupo Parlamentario, Patricia Guasp, ha critica que el requisito del catalán puntúe igual que la experiencia profesional. No obstante, ha recalcado que su formación defiende que el catalán debe ser un mérito y no un requisito.

RECHAZO A LA FIGURA DEL DECRETO LEY

La consellera de Presidencia ha justificado la figura del decreto ley porque hay unos plazos establecidos exigentes por parte de la norma estatal. Sin embargo, los grupos parlamentarios Ciudadanos, El PI y Més per Menorca han criticado el uso del decreto ley por parte del Govern.

En su exposición, la líder de Ciudadanos ha pedido a la Cámara que la norma sea tramitada como Proyecto de Ley, algo que ha sido rechazado en votación por 29 votos en contra y 24 a favor. En sus argumentos, la líder de Ciudadanos en las Islas ha subrayado que este "decretazo es un cajón desastre". Así mismo, ha señalado "el abuso" por parte del Govern de la figura del decreto ley, que debe ser "excepcional y de urgencia".

"Estamos ante un esperpento democrático y han tenido el poco respeto a la oposición de vetarnos hoy a una sesión de control parlamentaria", ha subrayado, a la vez que ha pedido a Unidas Podemos que vote a favor de que se tramite como proyecto de ley.

En último lugar, el diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha calificado de "día triste" lo viviendo en el Parlament porque "se ha pisoteado la dignidad" al impedir el hacer preguntas de control al Govern en la sesión extraordinaria.

Para Lafuente, "el Parlament está para dos cosas, hacer leyes y controlar al Govern, pero no tenemos ni control ni poder legislativo gracias al equipo de Armengol".

Con todo, el diputado 'popular' ha subrayado que no están de acuerdo en algunos aspectos del decreto ley porque se tratan "más cosas" aparte de la temporalidad.