Franco insiste ante la jueza de que no tenía argumentos válidos para prohíbir el 8M

En el epicentro de las acusaciones contra José Manuel Franco se halla la controversia por la convocatoria de la manifestación por los derechos de la mujer celebrada el 8 de marzo, la cual tuvo lugar, según mantiene la Guardia Civil, en unas circunstancias poco propicias y cuando ya existían datos muy preocupantes sobre la expansión del Covid-19 en España y en otros territorios próximos, como Italia.

Durante su declaración ante la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, primer cargo político citado judicialmente por asuntos relacionados con el 8M y la pandemia del coronavirus, ha defendido que no tenía a su alcance ningún argumento válido para restringir el derecho a la manifestación.

En declaraciones a los medios de comunicación tras finalizar su declaración, Franco ha insistido en que ha reiterado ante la magistrada que en ese momento “no existía ninguna recomendación” que aconsejase restringir o limitar las movilizaciones con presencia de un gran número de asistentes. El representante del Gobierno central ha aceptado que le ha “tocado vivir esto”, pero ha remarcado que su intención ha sido siempre “cumplir” con las obligaciones inherentes a su cargo.

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Franco ha descartado, además, que el incremento de diagnósticos positivos de Covid-19 que se detectaron en las jornadas posteriores al 8M guarden relación con la celebración de la marcha, ya que, según ha señalado, los expertos avalan que los síntomas “tardan unos 14 días en manifestarse”.

Sobre el informe de la Guardia Civil que le atribuye un comportamiento negligente en su gestión del 8M, el delegado del Gobierno en Madrid ha destacado su “profundo respeto” hacia la institución armada, aunque ha puntualizado “no estar de acuerdo” con el contenido del documento elaborado por la Benemérita.

Cabe recordar que la magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha seguido adelante con la citación de José Manuel Franco como imputado por un presunto caso de prevaricación a pesar de la postura contraria de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía Provincial, que este mismo lunes solicitó el archivo de la causa.