Deberían, pero no lo harán

La abdicación del rey Juan Carlos I significa la desaparición de una de las figuras prominentes, quizás la que más, de lo que se conoce como la “transición (política española)”, el periodo de liquidación aparente del régimen franquista y establecimiento de un sistema nominalmente constitucional y democrático, que siguió a la muerte del dictador.

La salida de Juan Carlos, supone la oportunidad de revisar todo el entramado constitucional surgido de la citada transición. La mayoría de los ciudadanos españoles actuales no habían nacido o eran niños en 1978 y, por tanto, no participaron en aquel proceso. Por otra parte, muchas de las leyes e instituciones surgidas entonces y vigentes todavía, han envejecido mal, algunas se han revelado inútiles o poco eficaces, a otras les dificultan realizar sus funciones, las más están desprestigiadas y, en conjunto, muchos ciudadanos, seguramente la mayoría, sienten una profunda desconfianza y se alejan cada vez más de todas ellas.

Se debería revisar a fondo temas como la ley electoral,  la organización territorial, el sistema de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, el estatus de la Fiscalía respecto del poder ejecutivo, la reforma o liquidación del Senado, los medios, autoridad, independencia y margen de maniobra de que se dota al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Banco de España, a las distintas Comisiones, de la energía, de las telecomunicaciones, etc., al Consejo de Estado, y cuantas otras sea necesario.

Y hay una cuestión capital pendiente. Lo primero que se debió haber hecho, y no se hizo, en la citada transición, hubiera sido la convocatoria de un referéndum para que los ciudadanos decidieran la forma de estado, monarquía o república. Todos los políticos implicados en aquel momento y los miembros del conglomerado político-institucional actual afirman que esa cuestión se resolvió con el referéndum constitucional del 78, pero muchos no estamos de acuerdo. A la población no se le dio a elegir, sino que se le conminó a decir sí o no a una constitución que parecía poner fin a la dictadura e instaurar un sistema democrático, pero en el que la monarquía venía incluida y el rey, nombrado en base a la legalidad franquista, permanecía en su puesto. Lógicamente, después de 40 años de oscuridad autoritaria y criminal, los ciudadanos no podían decir no a la nueva constitución.

La abdicación del rey proporciona a los dirigentes actuales una oportunidad de hacer lo que no se hizo entonces: consultar a los ciudadanos si desean que España sea una monarquía o una república. Deberían meditar seriamente sobre la celebración de un referéndum, pero, por supuesto, no lo harán. La casta política enquistada en la dirección de los dos grandes partidos ha demostrado sobradamente que está anquilosada, esclerótica, sin capacidad, ni voluntad, de proceder a tomar las medidas necesarias para iniciar la regeneración de las instituciones y volver a acercarse a los ciudadanos, de los que tanto se han alejado.