Cruce de acusaciones en el “caso vagones”

El culebrón de las presuntas irregularidades denunciadas por Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ante la Fiscalía y que investiga la magistrada Ana San José, titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Palma, acumula ya demasiados rifirrafes verbales entre los actuales responsables de la empresa pública y los de la pasada legislatura. El gerente de SFM, José Ramón Orta, acudió a declarar en calidad de testigo e insistió ante la jueza y la fiscal Ana Lamas en su denuncia de que la compra de trenes por valor de más de 75 millones de euros durante la legislatura del Pacte de Progrés (2008-2011) se hizo sin concurso público y se justificó con un informe técnico externo de poco más de un folio de extensión. Orta defendió que las irregularidades afloraron tras una auditoría de Price Waterhouse Cooper y sostuvo que no existía dependencia técnica con la compañía a la que se encargó la fabricación de los trenes.

Orta fue un paso más allá e indicó que el caso es muy similar al caso de la construcción del velódromo Palma Arena, asunto que investiga el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma cuyo titular es el magistrado José Castro. La construcción del velódromo fue encargada al arquitecto Ralph Schürman (quien posteriormente fue sustituido por los hermanos García Ruíz) sin mediar concurso público, lo cual derivó en una pieza separada del caso Palma Arena, concretamente la número 8.

La coalición Més per Mallorca, formación política a la que pertenecen el exconseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens, así como el exdirector general de Movilidad, Antoni Verger, ofendidos por el símil utilizado por Orta, emitieron ayer un comunicado manifestando que el único parecido del caso trenes con el Palma Arena es que “los responsables del PP pagarán por sus actos”. Censuran que Orta malgasta recursos públicos con una denuncia con intencionalidad política de desacreditar a adversarios políticos.

Tras la declaración judicial como testigo de José Ramón Orta, habrá que ver cuál será la decisión de la Fiscalía y de la jueza, si continuar con el proceso e interrogar como imputados a los anteriores responsables de SFM o a la vista del último informe aportado por aquellos, ordenar el archivo de las actuaciones. En todo caso, conviene que el asunto no se dilate mucho más porque tanto denunciados como denunciantes no parecen dispuestos a rebajar el tono de sus declaraciones, lo que demuestra que el “caso vagones” tiene una dimensión política innegable.