Coste-beneficio en sanidad

Comentaba la semana pasada la sorprendente, y preocupante, decisión de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios de restringir la aprobación de la vacuna contra el meningococo B al ámbito hospitalario. En el Reino Unido, el Joint Committee on Vaccination and Immunisation, el organismo que asesora a las autoridades sanitarias británicas en los temas de inmunización y hace recomendaciones sobre las vacunas que deben incluirse en el programa sistemático de vacunación de los niños de ese país, ha emitido un dictamen provisional aun más procupante. El JCVI rechaza la inclusión de la vacuna en el calendario vacunal del Reino Unido, basándose en un argumento de bajo coste-beneficio. También hace referencia a la ausencia de datos de eficacia procedentes de estudios clínicos doble-ciego, aleatorizados, que como ya expuse en el artículo anterior, no son posibles debido al escaso número de casos de esta enfermedad en los países desarrollados, cosa que reconocen, así como que, para conseguir determinar la eficacia clínica de la vacuna, hay que recurrir a estudios de seguimiento a posteriori de la población vacunada a lo largo de un largo periodo de tiempo de varios años. Este fue el caso de la vacuna contra el meningococo C, que unos 15 años después de su introducción ha demostrado una extraordinaria eficacia. Si se hubiera seguido el mismo criterio, no se habría introducido la vacuna y todas las vidas salvadas se habrían perdido y todas las secuelas graves evitadas se habrían producido. Pero el JCVI hace hincapié en que el rechazo no es, o no es fundamentalmente, por la falta de ensayos clínicos, que reconoce lógica, sino por criterios de coste-beneficio. Afirma que, incluso si la vacuna tuviera un coste cero, los beneficios de la vacunación serían inferiores al coste del despliegue necesario para su administración. El caso es que el Reino Unido es uno de los países desarrollados con una incidencia más alta de la enfermedad. En 2011-2012, solo en Inglaterra y Gales, se produjeron 613 casos de meningitis por meningococo B. 33 pacientes fallecieron, el 10 % de los supervivientes padecen secuelas graves o muy graves, como pérdida de extremidades, sordera, epilepsia, retraso del neurodesarrollo o discapacidades de aprendizaje y el 30 % de los restantes secuelas menos graves pero significativas. A la vista de estos datos, ¿qué significa exactamente la recomendación del JCVI?. Parece que el mensaje es que evitar unas 30 muertes de niños y adolescentes, así como unos 60 casos de secuelas graves y unos 180 de secuelas menos graves cada dos años, no compensa el coste del despliegue de la vacuna, incluso si el precio de esta fuera cero. La revista The Lancet publicó en agosto un editorial, es decir, un punto de vista oficial de la revista, criticando esta decisión y, añadía que, incluso reconociendo que la toma de decisiones que implican costes económicos es complicada en tiempos de crisis como los actuales, resultará difícil explicar a los padres de los afectados, que sus hijos han fallecido o padecen secuelas graves a causa de una enfermedad que se podría haber evitado. El impacto cuantitativo de esta enfermedad, el número de muertes y discapacidades, puede ser pequeño comparado con otras enfermedades infecciosas mucho más frecuentes, pero el coste humano es tremendo, teniendo en cuenta que se trata de niños y adolescentes. La introducción del concepto de coste-beneficio en asistencia sanitaria es perverso e injusto. Aunque se pudiera determinar con precisión el valor de una vida humana, ¿dónde fijamos el límite para que se considere que el beneficio compensa el coste?, ¿a qué tipo de personas damos prioridad?. Además, deberíamos someter a revisión todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en uso en la actualidad y los que se introduzcan en el futuro. Por ejemplo, con la lógica del coste-beneficio, ¿está justificado el coste, muy elevado, de algunos tratamientos oncológicos que, en el mejor de los casos, suponen un mínimo alargamiento de la vida para un reducido porcentaje de pacientes?. Y para qué gastar recursos escasos en investigar tratamientos para enfermedades que afectan a muy pocas personas. Habría que determinar cuál sería el coste-beneficio de los trasplantes de órganos, de la colocación de prótesis, de la cirugía cardíaca, etc., etc. También se debería establecer el coste-beneficio de muchos de estos organismos y agencias paragubernamentales y, en general, de la hipertrofiada y escasamente eficiente superestructura burocrático-administrativa que controla la asistencia sanitaria y supone un coste sin valor añadido.