Según ha explicado este martes Cort en un comunicado, Truyol ha recordado a Ábalos que el aumento del precio de alquiler y de compra de vivienda ha sido "desproporcionado" en Palma los últimos años, hasta superar el 50 por ciento en el caso del alquiler, "la cifra más alta entre las capitales del Estado".
Truyol ha afirmado que a esta tendencia se añade "la difícil situación" en que se encuentran muchas familias a causa de la crisis sanitaria y económica que ha provocado la Covid-19 y que se ha manifestado ya en las cifras del paro.
En este sentido, ha comentado, esta "emergencia social" ya se ha trasladado en un "espectacular aumento" de la demanda de información y expedientes abiertos por parte de la Oficina Antidesahucios.
En la carta, la edil de Vivienda Digna, ha reconocido y agradecido que el Ministerio haya puesto en marcha el primer plan de medidas de ayuda a colectivos vulnerables para hacer frente a los gastos de vivienda en la actual situación de emergencia sanitaria y social, pero ha lamentado que "no se han traducido en una disminución de los precios de la oferta".
MEDIDAS DE CONTENCIÓN DE LOS PRECIOS
Por todo esto, desde Modelo de Ciudad del Ayuntamiento de Palma se han reclamado medidas de contención del precio de alquiler y se ha remitido al Ministerio un listado de demandas concretas.
Así, el Ayuntamiento de Palma ha pedido que se publique el índice de precios de los alquileres de viviendas para limitar los incrementos de precios a zonas "tensionadas" como Palma y que se faculte los ayuntamientos a adoptar medidas coyunturales y temporales para poder gestionar la emergencia.
Han pedido también que se habilite a la administración local para poder regular los precios de la vivienda y que se diseñen "incentivos económicos" para la movilización de la vivienda vacía y para el desarrollo de los programas de mediación entre entes propietarios e inquilinos para incentivar los primero que ofrezcan un alquiler social.
En la carta, Truyol ha solicitado igualmente que se faculte a las entidades locales para poder "gravar fiscalmente" a través del IBI las dinámicas que "dificultan el acceso a una vivienda digna", como por ejemplo las viviendas desocupadas o la comercialización de alojamientos turísticos en viviendas
Han reclamado también un aumento del parque público de vivienda puesto que el porcentaje gestionado por el sistema público de alquiler en el estado es solo del 2,5 por ciento (el Ayuntamiento de Palma gestiona un parque de casi 400 viviendas sociales) y el refuerzo del papel de agente promotor de vivienda pública de los ayuntamientos en los planes estatales y otros mecanismos de apoyo económico.
En la misiva también han pedido que se amplíe el Código de Buenas Prácticas bancario "suavizando" algunas de las restricciones o regular la moratoria de deudas hipotecarias "de manera más ambiciosa".
Truyol ha asegurado que es "imprescindible" que la vivienda sea el eje central de la gestión pública porque todas las personas "merecen tener garantizado el acceso a una vivienda digna".
VOX: INGERENCIA DE CORT
Por su parte, el grupo municipl de Vox en el Ayuntamiento de Palma ha afirmado que es un error la iniciativa de la concejal de Vivienda Digna, Neus Truyol, quien ha decidido enviar una carta al ministro José Luís Ábalos en la que pide que el Estado permita a los ayuntamientos adoptar medidas para contener el precio de los alquileres. “No es la primera vez que el Pacto juega con la posibilidad de poder manejar a su antojo el precio de los alquileres. Les recuerdo que es una injerencia más propia de países comunistas que de ciudades que apuestan por la libre competencia” ha dicho el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll.
Vox Palma cree que el equipo de gobierno se equivoca y pone el foco donde sus intereses partidistas les dictan. “En Palma hay personas que tienen problemas para acceder a una vivienda pero no podemos culpar de esta situación a los propietarios que alquilan sus propiedades. Es deber del Ayuntamiento de Palma el poder ofrecer alternativas a quienes más lo necesitan. Llevo un año recordando al alcalde, José Hila, que en la pasada legislatura no hicieron nada para aumentar el número de viviendas sociales. Hoy, la concejal Truyol dice que Palma solo cuenta con un 1 por ciento de vivienda asequible cuando la media de España se sitúa en el 2,5 por ciento. Ella misma se delata. Palma está en esta situación porque quienes la han gobernado no han hecho los deberes. Si los hubiesen hecho podríamos tener más de 2. 000 viviendas de protección oficial para destinarlas a alquiler social. No hagamos pagar las consecuencias a quienes no tienen culpa de nada” ha dicho Coll.
Vox Palma recuerda que, probablemente, el mercado del alquiler sufrirá cambios y ajustes, sin necesidad de la intervención de ninguna institución, debido a la crisis provocada por el coronavirus. Otros países europeos decidieron hace años poner límite al precio del alquiler, las medidas no funcionaron y se vieron obligados a recular. “La concejal de Vivienda Digna también ha pedido al ministro Ábalos poder gravar mediante el IBI los pisos vacíos o aquellos destinados al alquiler vacacional. Volvemos a lo mismo, a criminalizar a quien tiene una casa. Castigar a quien tiene una vivienda vacía no es la solución. Quizá la solución tenga más que ver con dar seguridad a los propietarios. Seguridad de que su casa no será okupada; respaldo en caso de que un inquilino se la destroce o decida no pagar… Si los propietarios no tienen garantías no les podemos culpar por no poner sus viviendas en el mercado” ha dicho Coll.