El repentino cierre del máximo referente deportivo privado de nuestra ciudad, motivado en último término por la paralización -supuestamente parcial- de la actividad como consecuencia de presuntas infracciones urbanísticas de la propiedad es una noticia de evidente repercusión social, aunque solo sea por los miles de clientes abonados que tenía el Megasport, entre ellos, numerosos cargos políticos de todo signo.
Naturalmente, a nadie puede escapar que esta decisión no es en absoluto ajena al cerco que las distintas administraciones han puesto sobre el Grupo Cursach a raíz de las actuaciones judiciales que se siguen en contra de su fundador, Bartolomé Cursach Mas.
Aunque revestida del envoltorio de mera decisión técnica, ésta no es una actuación ordinaria bajo ningún punto de vista y, desde luego, dice muy poco de la eficiencia de la autoridad municipal el hecho de que ahora, súbitamente, considere urgentísimo clausurar actividades por razón de supuestas infracciones urbanísticas que, de acreditarse, llevarían años cometidas sin que el Ajuntament hubiera visto en ello el más mínimo peligro inminente para los usuarios del centro deportivo.
El oportunismo político evidente de unirse a la persecución de un personaje incómodo y bajo la lupa judicial como Cursach es también muy elocuente, y los responsables de Cort quedan retratados -precisamente lo que parecen buscar- para salir en la foto de los justicieros que se cobren la cabeza de este empresario mallorquín, a quien solo falta atribuirle la muerte de Manolete.
Nadie debe escapar a la aplicación de la ley, sea penal, urbanística o de cualquier otro orden, pero ésta debe aplicarse a todos con el mismo rigor y, sobre todo, con coherencia con las propias actuaciones.
¿Cuántas empresas con una plantilla importante ha cerrado Cort por presentar sus locales alguna infracción urbanística? Yo me atrevo a decírselo: ninguna.
Mientras tanto, los trabajadores y profesionales vinculados al Megasport pasarán, en el mejor de los casos, a una situación de suspensión de su relación laboral, lo que les supondrá una importante merma de sus ingresos. A los profesionales que colaboraban, ni eso.
¿Alguien en Cort se ha parado a pensar en si hubiese sido socialmente menos traumático que el cumplimiento de la legislación urbanística se acompasase al mantenimiento de la actividad? Desde luego, parece ser que el Sr. Hila no.
Ah, por cierto, ni soy cliente del Megasport ni tengo el gusto de conocer al Sr. Cursach.
