Continúa este lunes el juicio al clan de 'El Pablo', tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía

Durante el juicio por narcotráfico, cinco de los acusados no aceptaron el acuerdo -a todos ellos se les imputa tráfico de cocaína-, mientras que la Fiscalía ha retirado los cargos contra otra acusada. Previsiblemente, este lunes el juicio quede visto para sentencia.

El cabecilla del clan, Pablo Campos Maya, más conocido como 'El Pablo', ratificó el acuerdo firmado en noviembre por el que aceptó cuatro años y medio de prisión por un delito contra la salud pública y otro de integración en grupo criminal, así como una multa de 37.000 euros. Sus dos hijos también suscribieron el acuerdo.

ESTRUCTURA ORGANIZADA

Los acusados funcionaron, al menos desde agosto de 2014 a septiembre de 2015, como una estructura organizada cuya finalidad era el "lucro proveniente de la difusión de sustancias estupefacientes -marihuana y cocaína- a terceras personas".

Según la Fiscalía, la agrupación estaba dirigida por 'El Pablo', que era "el principal beneficiario de las ventas de estupefacientes", hecho que le permitió "irse haciendo progresivamente con la práctica totalidad de las propiedades en varias calles de La Soledat".

En estas calles tenía instalados puntos de venta de drogas, normalmente regentados por familiares suyos, con lo que creó una zona "prácticamente impermeable a la investigación policial" debido a que cualquiera que pasara por esas calles -especialmente la calle Teix- y que "no fuera del grupo o cliente era inmediatamente detectado".

A cambio de esta protección, según el Ministerio Fiscal, todos los puntos de venta se abastecían de 'El Pablo' y sus principales colaboradores, sus hijos, que regentaban cada uno un punto de venta y supervisaban otros.

CONTROL DE LA SOLEDAD MEDIANTE INTIMIDACIÓN

Según el fiscal, además del control de La Soledat comprando propiedades en el barrio, la trama ejercía coerción e intimidación tanto a los vecinos de la zona como a los integrantes de los escalones más bajos de la estructura para que no denunciaran ante la Policía.

Las ganancias del negocio eran canalizadas en la compra de diversas propiedades, muchas veces puestas a nombre de terceros integrantes del grupo familiar, hechos por los que se abrió una investigación por posible blanqueo de capitales.