La investigación comenzó en junio de 2024, cuando la Dirección General de Consumo solicitó información a diversas plataformas de alquiler vacacional, instándolas a retirar de inmediato los anuncios que no cumplían con las regulaciones establecidas.
A pesar de las reiteradas advertencias, Airbnb no ha eliminado estos anuncios, lo que ha llevado a la apertura del expediente sancionador. Las infracciones detectadas incluyen la falta de número de licencia en los anuncios y la promoción de alojamientos sin la debida autorización, lo que constituye una violación del artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
INFRACCIONES GRAVES
Estas prácticas pueden ser calificadas como infracciones graves, con sanciones que oscilan entre 100.000 euros y que pueden llegar a sextuplicar el beneficio ilícito obtenido. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha enfatizado que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley, especialmente en el mercado de la vivienda.
Esta acción se enmarca en los esfuerzos del Ministerio para abordar la crisis de vivienda en España y regular el mercado de alquiler turístico, protegiendo así los derechos de los consumidores y usuarios. Además de este expediente, Consumo mantiene abiertas otras investigaciones relacionadas con el sector inmobiliario.
Se abre ahora un período de instrucción que determinará las responsabilidades y sanciones correspondientes, en caso de confirmarse las infracciones. Mientras tanto, se espera que Airbnb y otras plataformas de alquiler turístico adopten las medidas necesarias para cumplir con la normativa vigente, garantizando así una oferta de alojamientos que respete las leyes y proteja a los consumidores.
OTRAS INVESTIGACIONES
En octubre, se inició una investigación sobre diversas agencias inmobiliarias que podrían estar llevando a cabo prácticas abusivas contra inquilinos, como la imposición de comisiones indebidas o la inclusión de cláusulas contractuales que contravienen la normativa vigente.
Más recientemente, se ha puesto el foco en grandes gestoras de pisos turísticos que, presuntamente, se hacen pasar por particulares en las plataformas de alquiler, eludiendo así obligaciones legales y engañando a los consumidores.